La podredumbre cotidiana de la corrupción de la Gürtel

Todo esto ya no son indicios: el humo de la sospecha se ha solidificado en certezas, en hechos probados de una sentencia de la Audiencia Nacional, que ha condenado a 29 acusados a un total de 351 años de prisión por destrozar las leyes para su lucro personal.

Según el tribunal, Luis Bárcenas y Jesús Sepúlveda, entonces miembro del comité ejecutivo nacional, entre otros políticos, abrieron las puertas del PP a Francisco Correa , un empresario de la comunicación, el marketing y la celebración de eventos. Eran los años noventa: España despegaba. A partir de 1996, cuando José María Aznar sube al poder, la relación se intensifica hasta el punto de que el PP se convierte en la «actividad negocial principal y única» del entramado de Correa . Además, el cabecilla mantenía una amistad con «altos dirigentes» del partido, considera probado la Audiencia Nacional, de manera que entraba y salía de Génova sin control, accediendo libremente al aparcamiento de la sede central del PP en Madrid, recibiendo un claro «trato de preferencia».

Esta relación íntima comercial generó en paralelo un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» en torno al Partido Popular, concluye la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública a todos los niveles de la administración: central, autonómico y local.

El fallo resuelve el juicio contra la «estructura central» de la trama, por sus actividades entre 1999 y 2005 , en las comunidades autonómas de Madrid y Castilla y León, y los municipios de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Estepona. Según el tribunal, el entramado de Correa migró en 2005 a Valencia , donde continuó hasta 2009, cuando la operación policial y judicial le cortó las alas.

Estos son algunos de los actos públicos corrompidos en las distintas regiones, tan pegados a la vida cotidiana como la limpieza de las vías públicas, una celebración deportiva, o el asfaltado de las calles.

La empresa que se encargó del servicio de limpieza viaria de la zona 3 de Madrid en el año 2002 no lo hizo por su pericia. Alberto López Viejo , entonces concejal de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, forzó la adjudicación a favor de Sufi, una compañía de la trama Gürtel, a cambio de una comisión de más de 680.000 euros.

Cuando saltó a la Comunidad de Madrid (fue consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia entre 2003 y 2009), continúo compinchado con los hombres de Correa , hasta convertirse en uno de ellos, según la Audiencia Nacional.

López Viejo acordó con la trama otorgar a sus empresas todos los contratos de los actos a los que asistiera la presidenta Esperanza Aguirre. Para no quedarse cortos, el condenado revolucionó la política de comunicación y multiplicó los actos de Aguirre. La sentencia cita al menos 686 operaciones en las que López Viejo adjudicó a dedo los actos a la Gürtel , por un importe de 6.4 millones de euros. Algunos de ellos fueron el Premio Internacional de las Artes 2004, la celebración del ascenso a Primera División del Getafe en 2004, la presentación de un parque forestal o de una cumbre flamenca. López Viejo disfrazó las comisiones mediante facturas ficticias o infladas, recibidas por intervenir para forzar las adjudicaciones en favor del entramado de Correa.

Como director general de Inmigración, el condenado Carlos Clemente también favoreció a la Gürtel con adjudicaciones directas: el día internacional del migrante de 2005, un concierto de niños discapacitados de 2004, o el evento Madrid Rumbo al Sur de 2006.

El capo Correa se hizo amigo de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda , en 2001. Así, su exmujer fue contratada en el consistorio, y Correa conoció a dos concejales que ganó para su causa. Las competencias de todos ellos otorgaron a la Gürtel el poder sobre la contratación pública de Majadahonda entre 2001 y 2005. El método fueron la manipulación de adjudicaciones, la autorización de pagos indebidos, y facturas ficticias. El dinero entregado por los empresarios beneficiados nutrió una caja de dinero de procedencia ilegal, con la que se pagaron actos publicitarios y electorales del PP de Majadahonda, así como personales, orientados a promocionar la actividad de Ortega.

Entre los contratos adjudicados irregularmente está la campaña de información del euro del 2001, que se fraccionó en cuatro expedientes para burlar la ley: no hubo concurso ni publicidad en la adjudicación. Con esta licitación se sustrajeron 23.669,87 euros de las arcas municipales. También se corrompieron los contratos de la Oficina de Atención al Ciudadano y el de obras del salón de plenos del ayuntamiento, entre otros. Ortega ha sido condenado a 38 años.

A cambio de sobornos (viajes, regalos y celebraciones familiares con confeti), el antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda se plegó a la trama Gürtel en su etapa al mando del consistorio, entre 2003 y 2005. Las adjudicaciones irregulares, en las que Sepúlveda intervino, incluyeron: la remodelación de la calle Camino de las Huertas, el asfaltado de varias vías, la Oficina de Atención al Ciudadano, la organización del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos 2004, o la compra de mobliario para distintas concejalías.

Aunque se ocultase bajo las apariencias, Sepúlveda «desplegó una influencia y ejerció un real capacidad de decisión en la irregular manera de contratación» en Pozuelo. Condenado a 14 años.

Las llaves políticas de la trama en Castilla y León fueron el extesorero Luis Bárcenas y Jesús Merino , exdiputado por Segovia y miembro del comité ejecutivo nacional. Correa, Bárcenas, Merino y Pablo Crespo «urdieron una estrategia para obtener adjudicaciones de obra pública a favor de empresas de confianza de Correa y que este pudiera controlar, a cambio de gratificaciones, mediante el cobro de comisiones», explica el fallo.

Los tentáculos de la red llegaron a la adjudicación de obras en Burgos, la construcción de un centro de tratamiento de residuos en Salamanca, y hasta a las subvenciones otorgadas a una firma de Gürtel para plantas de tratamiento de purines. Merino ha sido condenado a tres años y siete meses de prisión.

El acusado Ricardo Galeote , concejal del PP en Estepona, aprovechó para enriquecerse ilegalmente su cargo como gerente de la sociedad municipal para promocionar el turismo, donde desembarcó en el 2000. Conocedor de sus competencias en contratación y ordenación de pagos , Galeote acordó con Correa beneficiar a sus empresas en adjudicaciones a cambio de comisiones, que recibió a lo largo de tres años, entre el 2000 y el 2003. Parte de esas contrapartidas fueron sufragadas con viajes pagados a Munich, a Londres y a Madrid.

Pablo Crespo y José Luis Izquierdo , miembros del entramado de Correa, se encargaron de cumplir el pacto. Las comisiones también repercutieron a los propios ciudadanos de Estepona, pues parte se cargó en pagos inflados de las sociedades municipales de la localidad de la Costa del Sol. Los contratos adjudicados a Correa fueron la venta de moqueta, plástico y carpas. Galeote ha sido condenado a siete años y ocho meses de cárcel por ello.