«Aquí tuvimos un problema, pagamos 80.000 dólares a la Policía y cerró el caso»

La conversación, del 5 de diciembre de 2012, es relevante porque demuestra hasta qué punto los implicados actuaban en su país con absoluta impunidad, para lo cual no dudaban en sobornar a la Policía: «Aquí tuvimos un problema la otra vez... -dice Rodríguez Cabello a Laplana-. Vinieron agentes de la Policía... Cuando aquí se manejan montones muy altos en los bancos, los bancos están obligados a dar cuenta de cualquier movimiento que ellos consideren sospechoso... Nosotros cobramos una factura grande en bolívares en un banco acá en Venezuela, y la Policía quería saber de dónde venía y tal... ¿Qué hizo Diego? (se refiere a Salazar, primo de Manuel Ramírez, entonces presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU ). Esto te lo digo aquí en privado... Llamó a unos amigos policías y les dio como 80.000 dólares y vino la Policía y cerró el caso... Y a los seis meses tuve que ir a declarar esa vez a la Fiscalía. Porque la compañía está a nombre mío. Voy a la Policía, hago la declaración... Él manda cerrar el caso por su lado... Pagó y lo cerraron».

Rodríguez Cabello es el representante de empresas con cuentas abiertas en BPA, como Highland Asset Corp y High Rise Proyects SA, ambas con sede en Panamá, si bien el beneficiario último de las mismas es el ya citado Salazar, familiar del todopoderoso exministro Ramírez.

La primera de las sociedades citadas, a fecha de 18 de noviembre de 2011, tenía en su cuenta de BPA casi 3,5 millones de euros que procederían, según declaró la entidad, de comisiones por mediar en operaciones de petróleo. El gestor de la cuenta es Pablo Laplana , precisamente el interlocutor de Rodríguez Cabello en la conversación transcrita en la comisión rogatoria.

La segunda mercantil mencionada, High Rise Proyect , tenía en su cuenta el 11 de octubre de 2012 cerca de 67 millones de euros y en ella se recibieron múltiples transferencias bancarias desde cuentas abiertas en entidades financieras chinas ordenadas por varias sociedades de ese país.

En septiembre de ese año se había firmado un acuerdo comercial entre China y Venezuela por el que el primero de los países aportaba 20.000 millones de dólares al segundo para la contrucción de grandes infraestructuras y suministro de material para el sector energético con la condición, eso sí, de que quienes hiciesen las obras fuesen empresas chinas.