Las amnistías masivas de PP y PSOE han legalizado a 626.687 inmigrantes desde 1985

El Ejecutivo pretende poner de nuevo a cero el contador de la inmigración con otro proceso extraordinario, esta vez vinculado estrictamente al mercado laboral. Pese a los inconvenientes que ya empiezan a despuntar -el afán de los empresarios por tener trabajadores legales no parece tan intenso como hace unos meses y las trabas burocráticas persisten para miles de extranjeros-, distintos agentes sociales coinciden en que es la regularización que «más garantías ofrece» de las acometidas hasta ahora.

Los requisitos desde luego se han endurecido con la exigencia de certificados de empadronamiento para acreditar la estancia -en algunos procesos anteriores ha servido la factura de la compra de un electrodoméstico como prueba-; de antecedentes penales para rechazar delincuentes y, lo que es clave, no se acepta una simple oferta de trabajo, sino que es necesario un contrato en firme.

«En otras regularizaciones muchas ofertas de empleo eran falsas, hechas por empresas que no existían o que luego no se hacían cargo del alta de los trabajadores. No estaban orientadas al mercado laboral, que es lo más positivo de ésta, de ahí que se encargara la Policía», explica Ángeles López, abogada especializada en Derecho Laboral que ya elaboró expedientes en el procedimiento de 1991.

El PP, que durante la anterior legislatura pidió al PSOE un gran pacto sobre inmigración, ha criticado sin tregua la regularización y la política de extranjería de Zapatero a la que acusan, entre otros males, de generar un «efecto llamada», de ser un «coladero», y «facilitar el trabajo a las mafias». Durante el mandato popular 480.185 inmigrantes fueron legalizados por idéntica vía a la que ahora han puesto en marcha los socialistas.

El propio delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, admitía en 2001 que los requisitos para obtener la legalización por arraigo «eran mínimos, casi simbólicos». No en vano este proceso supuso la regularización de 239.174 personas, el más numeroso con claridad de los que se han llevado a cabo durante los últimos 20 años.

«La diferencia esencial radica en que quienes se legalicen van a tener una garantía de trabajo y luego podrán renovar sus permisos. Eso no ha ocurrido en otras ocasiones porque no se aseguraban las cotizaciones a la Seguridad Social», concluye Ana María Corral, responsable de Inmigración de UGT.

A golpe de Ley

A cada revisión legislativa le ha seguido una regularización extraordinaria, con una recurrencia que pone en tela de juicio la eficacia de las legalizaciones individuales vinculadas al trabajo o al arraigo. A la de 1985, le sucedió otra en 1991, también socialista, de «inserción y arraigo» que amparó a 108.321 extranjeros. En 1996, convertido ya España en un país de inmigración, se aborda la tercera regularización de estas características, la menor en número de beneficiados pese a que sólo se exigía haber disfrutado alguna vez de permiso de residencia o trabajo y se hacía extensiva a los parientes de quienes hubieran gozado ya de esta situación.

El Partido Popular diseña una nueva «amnistía» en el año 2000 tras entrar en vigor la Ley aprobada en febrero de ese año, que fue modificada de nuevo en diciembre. Esta norma supuso el acceso al sistema sanitario a todos los inmigrantes que estuvieran empadronados en igualdad de condiciones que los españoles y la renovación automática de los permisos de trabajo. Se tradujo en una regularización de gran calado, ya que se legalizaron 163.352 extranjeros -habían optado a ella casi 245.000-, pero tuvo una segunda parte cuanto menos llamativa. El Gobierno condicionó los papeles a que el inmigrante estuviera en España antes del 1 de junio de 1999; sin embargo, al año siguiente revisó de oficio más de 57.000 expedientes que no cumplían este requisito. Y ese fue sólo uno de los tres nuevos procesos emprendidos ante la bolsa de ilegales que empezaba a causar honda preocupación y algunos comenzaban a relacionar con el incremento de la delincuencia.

En esos años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hablaba ya del «efecto llamada» que se estaba produciendo en España provocado por la revisión de la Ley y por los procesos masivos. En 1996 el número de detenidos en el Estrecho fue de 7.741 personas, mientras que en el año 2000 esa cifra se disparaba hasta los 16.885 inmigrantes. En 1996, residían en España 82.165 inmigrantes del norte de África y 16.655 del sur de ese continente. En el año 2000 esas cifras llegaron hasta las 215.383 y las 45.997 personas, respectivamente.

Un recibo de teléfono

En 2001 se batieron todos los récord de regularizaciones. Sin el cartel de «papeles para todos» 295.539 inmigrantes legalizaron su situación en tres fases distintas: en la ya citada de la revisión de oficio, en una especial para ecuatorianos que se hizo tras un accidente de tráfico en Murcia en el que murieron 12 inmigrantes irregulares cuando se dirigían a trabajar y en el llamado proceso por arraigo, el más «generoso» de los acometidos. Los inmigrantes tenían que estar en el país sólo desde comienzos de ese año y el Ministerio del Interior admitió todo tipo de documentos como prueba, desde un recibo de teléfono a un resguardo de haber enviado dinero al país de origen, pasando por facturas privadas.

Los interlocutores sociales aplauden el planteamiento global del nuevo proceso, pero tanto empresarios como sindicatos reclaman «políticas a largo plazo». «Las regularizaciones extraordinarias no pueden convertirse en el modelo de la gestión de la inmigración», apuntan desde la Federación Española de Hostelería.

En el mismo sentido, el Consejo Económico y Social (CES) en su informe al proyecto de Reglamento reclamó al Gobierno «respuestas permanentes y efectivas» al problema de los «sin papeles», tras dejar constancia de que hasta ahora la principal reacción «han sido las regularizaciones generales extraordinarias, que tampoco han conseguido completar el trasvase a la economía formal de todos los trabajadores extranjeros». A juicio del CES la respuesta pasa por consolidar los instrumentos existentes: contingente y régimen general.

Una solución difícil

En el capítulo de críticas concretas, la abogada Ángeles López desgrana unas cuantas: considera que se criminaliza a los inmigrantes al pedirles los antecedentes penales. «Tú contratas a un español y le pides capacitación, no le preguntas si es un delincuente». En cuanto a los empresarios, constata que muchos dan de alta a sus trabajadores pero descontándoles la Seguridad Social de su sueldo u obligándoles a hacer horas extras, por ejemplo. «Queremos que cuiden a nuestros hijos y a nuestros ancianos, que se ocupen de trabajos que nosotros despreciamos, pero que sean baratos». A su juicio, es un error que la reagrupación familiar no esté prevista hasta la renovación del permiso. Curiosamente, pese a tratarse de un proceso vinculado al mercado laboral no está abierto a los trabajadores autónomos. «Se optó por priorizar el régimen por cuenta ajena en el proceso extraordinario y dejar a los autónomos en el contexto del reglamento», aclara la portavoz de UGT.

La existencia de amplias bolsas de inmigración irregular no parece tener fácil solución. Las amnistías arreglan problemas momentáneos, pero siempre hay una penúltima y corren el riesgo de ser interminables y atraer a quienes antes no estaban en el país, el proclamado «efecto llamada». Quizá los mecanismos de base individual, por empleo o por arraigo, sean los más deseables, aunque es una vía demasiado discreta.