¿Conflicto a gran escala?

No hablo aquí del apeamiento del español como lengua oficial del Estado, decisión lamentable aunque sí claramente orientada a amarrar los votos de Esquerra. Me refiero a los trámites ya iniciados para alterar el sistema de designación de los vocales del CGPJ o a la creación, a través de una orden ministerial, de un comité gubernamental encargado de vigilar a los medios de comunicación. Ambas medidas son gravísimas. La primera confía a la mayoría parlamentaria de turno la composición de los altos órganos judiciales y rompe frontalmente la división de poderes. Casado se equivocó de medio a medio, vaya por delante, bloqueando la renovación del Consejo. Pero el plan de Pedro Sánchez nos coloca en otro plano: convierte a los jueces en títeres de la mayoría de turno en el Congreso y socava las bases de la democracia en su acepción más primaria.

Cabe argumentar que el presidente está usando su plan para crear una situación límite y desatascar el proceso de provisión de vocales. No lo excluyo, aunque eso no me tranquiliza demasiado. Un jefe de Gobierno que confunde el Estado de Derecho con un amarraco durante un juego de mus, justifica recelos que no resultaría exagerado calificar de radicales.

La idea del «ministerio de la verdad», como popularmente se conoce al comité instado hace pocos días en el BOE, suena igualmente mal. Las decisiones quedan en manos del Gobierno, los criterios son nebulosos, y llega a hablarse, y sobre ese punto insistió la vicepresidenta primera, sobre la necesidad de vigilar la pluralidad de los medios. ¿Qué diantres significa lo último? ¿Que podría decretarse la liquidación de aquellos diarios o cadenas de radio o televisión que impiden lo que el Gobierno entiende como una expresión equilibrada de la opinión? ¿Que tocaría al Gobierno determinar cuándo un diario o una cadena de radio no es lo bastante «plural»? Las dos hipótesis son terribles.

Estas enormidades inducen a temer que Sánchez no solo está en sobrevivir a toda costa, sino que atisba a lo lejos, o acaso comienza a no considerar impensable, una organización alternativa del Estado que todavía no tiene nombre, pero que podría corresponder a la «republiqueta» confederal que desasosiega a Felipe González. La última no sería posible si el presidente no se dota, a la vez, de socios extraordinarios y de capacidades extraordinarias. Aquí entraría la alianza con Bildu, innecesaria para sacar adelante los presupuestos, y un control de la situación que las meras reglas de juego parlamentarias no aseguran. El sesgo que están tomando las cosas apunta, en fin, a un conflicto a gran escala.