Administraciones socialistas se unen a la petición de zona catastrófica

Todos los implicados conceden que el análisis de los daños debe continuar porque todavía pueden producirse más desperfectos . Pero la diferencia estriba en que las administraciones locales y regionales afectadas ya ven claro la necesidad de invocar ese reconocimiento, hasta 2015 denominado de «zona catastrófica». Y aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha movido desde su negativa del pasado domingo, por el momento evita comprometerse con esta figura.

Eso sí, el Gobierno se abre a un proceso de ayudas a los afectados por el temporal. Pero insistiendo en que ese momento llegará cuando se supere la fase crítica de respuesta, aún en curso. En este sentido, se volvió a realizar un llamamiento a la prudencia y a «evitar cualquier desplazamiento que no sea imprescindible».

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska señaló «el Gobierno no necesita solicitudes» de declaración de zonas gravemente afectadas por emergencia, puesto que dentro del Sistema Nacional de Protección Civil se está «trabajando y evaluando los daños que se puedan objetivar». Aunque Marlaska aseguró que trabajan en ello «desde el principio» del temporal, la portavoz María Jesús Montero dijo literalmente el martes que esa labor «comienza en el día de hoy».

En cualquier caso, el Ejecutivo intenta zanjar el debate sobre la antiguamente llamada declaración de zona catastrófica abriendo la puerta a la habilitación de ayudas: «Cuando estén contabilizados procederemos a aplicar la normativa correspondiente para poder resarcir a las personas que hayan sufrido daños», indicó Montero. En el Ejecutivo plantean que «para tener una evaluación definitiva del conjunto habrá que esperar a superar los episodios adversos», algo que, insisten todavía no ha sucedido: «Que los ciudadanos tengan claro que la alerta no ha terminado», repitieron.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reiteró ayer que respalda esa declaración. Anticipó que apoyará a cualquier municipio que lo solicite «independientemente del signo político y de la situación geográfica». El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, aseguró que le parece bien estudiar esa declaración, pero sugirió que sea la Comunidad de Madrid la que adelante las ayudas económicas a los damnificados.

Mientras, el Ayuntamiento de Madrid inició ayer una campaña de inspecciones tanto de edificios municipales como de viviendas privadas y las primeras aproximaciones ya estiman daños millonarios. Según los cálculos del Área de Desarrollo Urbano, las pérdidas en tejados, voladizos e inmuebles en situación de ruina o con difícil reparación suponen 10 millones; los desperfectos en construcciones particulares ascenderían a 5 millones y en las 11.200 viviendas en edificación el daño se eleva a otros 10 millones. A ello hay que sumar el perjuicio para el sector de la restauración y alimentación , cuyas pérdidas se estiman en un 20%, unos 70 millones de euros; las de los comercios, en un 25%; y las del transporte, en más de un 75%, según la patronal madrileña, que también apoyan pedir la declaración de zona catastrófica para la «zona cero» de la gran nevada. El sector primario de la región estima que precisa de 2 millones de euros para restaurar la situación. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida celebró lo que ya entiende como una «rectificación» del Gobierno . Calculan que podrán presentar el estudio definitivo de los daños a finales de esta semana.

La evaluación que está elaborando el Ayuntamiento de Madrid es extensible a otros grandes municipios de la región, que también se plantean la declaración de zona catastrófica. Algunos con gobiernos socialistas como el de Fuenlabrada -cuarta ciudad más poblada de la región-, Alcalá y Alcobendas ya han decidido que pedirán esta medida. En otras localidades como Alcorcón o Leganés, también dirigidos por el PSOE, el tema está sobre la mesa y el veredicto depende del análisis final de los daños.