Más de 3.500 muertos sin nombre: «Sabíamos que era el cuerpo de mi hermano y no lo podíamos incinerar»

Aquello sucedió hace ya dos años, en Semana Santa. La denuncia por desaparición se puso a finales de abril y, días más tarde, localizaron la ropa de este joven de 35 años en un acantilado del municipio. «Eran las zapatillas que le había regalado a mi hermano», relata Mikel, el mayor. «Empezamos a buscar por nuestra cuenta, a hacer presión en redes sociales y, gracias a eso, arrancó la búsqueda oficial, que sólo duró tres días».

El cuerpo de Oliver no aparece. Ya en junio, y por casualidad, Mikel se topa con un artículo en un periódico gallego: han localizado un cadáver en la costa. Decide llamar por su cuenta a la comandancia de la Guardia Civil en Lugo: «Les dije que mi hermano llevaba un neopreno negro y rosa, unos escarpines, que tenía implantes en la boca, unos tatuajes...».

Horas más tarde, habla con un empleado de una funeraria privada de Galicia. Allí estaba el cadáver: «Aquel hombre me dice que la descripción coincide con la de mi hermano...aunque lo de los tatuajes ya no es relevante porque el cuerpo llevaba meses en el mar». En ese momento, recuerda, empezó el calvario. Al no haberse confirmado genéticamente que era su familiar, no reciben apenas información y no pueden recuperar los restos. «Es horrible saber que el cuerpo de tu hermano está en un frigorífico en Galicia y no poder incinerarlo o enterrarlo. No nos atrevíamos ni a decírselo a mi madre», cuenta Mikel, aún destrozado.

Pero su agonía aún se alargó unos cuantos meses más. En noviembre, les comunican que no hay ningún cuerpo que haya aparecido que coincida con el ADN de su familiar... «Seguimos revolviendo, contratamos a una abogada, hablamos con asociaciones...y parece que el caso sale entonces del fondo del cajón».

Fue en febrero - y después de otras muchas informaciones erróneas- cuando logran incinerar los restos de Oliver. Habían pasado once meses desde su desaparición y ocho desde que lo encuentran en Galicia.

Él fue uno de los miles de muertos sin nombre que se localizan en nuestro país. A día de hoy, hay en España 3.517 cadáveres o restos humanos sin identificar, según datos del Ministerio de Interior. De estos, 1.925 fueron hallados antes de 2003. Las cifras de las dos últimas décadas por comunidades autónomas son elocuentes: Andalucía (417), Comunidad Valenciana (128), Cataluña (149). Aunque también sobresale el número de cadáveres/restos humanos localizados en las Islas Canarias (262) o en zonas con una elevada densidad de población, como la Comunidad de Madrid (139). «Un incremento muy importante se da en las zonas del litoral. Al ser una península, esta incidencia es más visible que en otros países», explica José Carlos Beltrán, jefe de la sección de Antropología Forense de la Comisaria General de la Policía Científica.

La mayoría de los restos humanos que son hallados en el mar, señala, pertenecen a población inmigrante que viaja en pateras. Unas circunstancias que hacen que resulte prácticamente imposible llegar a conocer su identidad. ¿Por qué hay cadáveres que permanecen sin nombre durante tantas décadas? Por no tener muestras biológicas para hacer el cotejo de ADN, responden desde Interior a este diario. Sin embargo, si el cadáver fue hallado hace tiempo, el material genético muchas veces queda destruido: «Se puede dar el caso de que estemos analizando un cadáver en un estado avanzado de putrefacción en donde no se ha podido extraer una muestra biológica asumible», resume Beltrán.

Cabe preguntarse si precisamente fue esto lo que dilató en el tiempo el drama de la familia de Oliver, el joven que desapareció mientras buscaba percebes en la costa cántabra. Sus familiares, así como las asociaciones que les dieron consuelo y asesoramiento entonces, no creen que esa sea la causa de los ocho meses que tuvieron que esperar para incinerarle. «El contraste de ADN, a no ser que hablemos de restos antiguos, tarda 24 horas en realizarse. Cuando el caso es mediático todo va mucho más deprisa. Muchas familias viven situaciones tremendas, es una tortura no poder enterrar a un ser querido. Muchas veces falla la coordinación y hay falta de personal. Nosotros creemos que debería haber un plazo máximo de 30 días para identificar un cadáver», reivindica Joaquín Amills, de SOS Desaparecidos.

También es rocambolesco el caso que vivió la familia de un pescador de Santoña desaparecido en noviembre de 2022 al que localizaron en una morgue de Burdeos siete meses después. Su entorno accede a relatar el drama que les acompañó durante aquel año, aunque prefieren no dar nombres y preservar el anonimato de su ser querido fallecido. El barco en el que había salido a faenar aquel santoñés colisionó con una roca y volcó. «Al mes siguiente, apareció un cuerpo en Cantabria. Una serie de indicios hacían pensar que podría ser el de mi sobrino, pero las pruebas de ADN dieron negativo», relata hoy uno de los tíos del pescador.

No es hasta finales de junio (siete meses después) cuando se les comunica que el cuerpo de su familiar había aparecido en un depósito de Burdeos, en Francia. Pero entonces se enteraron de algo que todavía hoy no logran superar: los restos habían estado allí desde el 24 de diciembre, un mes después de la desaparición. «Lo llevaremos dentro hasta que el corazón se nos pare. Estoy agradecida a Francia por haber guardado el cadáver de mi hijo. Pero la respuesta y el trato que nos dieron aquí dejó mucho que desear», cuenta su madre.

«Lo más indignante fue que Interpol París se había puesto en contacto con Madrid en marzo. ¡Marzo! Tardaron tres meses en hacer el cruce de datos genéticos. Las corrientes muchas veces hacen que los cuerpos vayan a parar a las costas francesas. ¿De verdad nadie se ha preocupado por mejorar la coordinación entre ambos países», se sorprende aún el tío del fallecido.

Pero, en teoría, las bases de datos internas y europeas deberían funcionar, así como la comunicación entre los distintos órganos e instituciones del Estado que intervienen en el proceso: desde los cuerpos policiales con competencia en seguridad ciudadana hasta los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que dependen del Ministerio de Justicia. «Todas las investigaciones están siempre abiertas y, por eso, constantemente se resuelven casos de restos humanos o cadáveres sin identificar de larga duración», apunta José Carlos Beltrán, que también es profesor en UNIR.

Muestra de lo que dice Beltrán es lo que ocurrió en febrero del año pasado en Vigo: la Policía Nacional logró identificar los restos de un hombre que había aparecido ahogado hace más de 40 años, pues fue en 2011 cuando se implementa la base de datos. Aquello fue un gran paso, pero hubo que ir incorporando progresivamente las denuncias registradas antes de la creación de dicha base. Hay que recordar, dice Beltrán, que es en 1998 cuando se empiezan a utilizar marcadores genéticos para el cotejo y la identificación de una persona. Pero, ¿hasta cuándo permanecen los cadáveres en las morgues? «Un tiempo», responde de forma ambigua el Ministerio del Interior a este diario.

Sin embargo, el verdadero problema aparece cuando algunos de esos restos son enterrados o, en el peor de los casos, incinerados. «Nos ha llegado a ocurrir que no sabíamos dónde estaba un cadáver enterrado. O que, por orden de un juez y según el desarrollo de las investigaciones, se hayan incinerado los restos de alguien cuya identidad nunca se determinó», afirma Beltrán.

En ese punto intervienen los distintos reglamentos de la Policía mortuoria, una competencia transferida a las autonomías, con su normativa propia. «Verdaderamente es una situación dramática, que implica exacerbar la ineficiencia del Estado en este sentido», remata este jefe de Policía especializado en Antropología forense. Todos esos cadáveres alguna vez tuvieron una vida llena de personas que esperan poder enterrarlos.