Semana clave en el caso Tania Sánchez: todos los imputados declaran ante la juez

Desde que ABC publicó la primera información, el pasado 25 de noviembre, Tania Sánchez marcó una «hoja de ruta» de la que no se cumplió ni un solo punto : primero negó haber adjudicado contratos con su hermano, luego tuvo que reconocer que sí, pero que lo había olvidado (no lo recordaba porque «en la Junta de Gobierno se trataban muchas adjudicaciones»), pero matizó que ella no votó. Cuando este diario publicó los documentos oficiales que demostraban su voto «por unanimidad», no lo recordaba para, al final, atribuirlo todo a un «error de principiante».

Después de que el PP presentara la querella, la exdiputada madrileña aseguró que no iba a ser admitida a trámite porque «carece de cualquier fundamento» . Cuando lo fue, dijo que no la iban a imputar. Cuando la imputaron, lo atribuyó todo al «interés político del PP de desacreditarme». Ha seguido acudiendo a varias tertulias para hablar de la corrupción de los demás, y en no pocas ocasiones ha tenido que defenderse de sus propias imputaciones.

El caso es que la ex pareja sentimental del líder de Podemos , Pablo Iglesias (la ruptura ha permitido al líder izquierdista hacer campaña electoral sin una novia imputada por corrupción política), va a tener que expicarle a la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Arganda por qué votó adjudicar a su propio hermano un contrato de 137.000 euros en 2008 para organizar talleres musicales, pese a que la ley es clara en este sentido: debió abstenerse en todo el procedimiento por ser familiar directo.

La querella del PP sitúa a Tania Sánchez, su padre -Raúl Sánchez, concejal de Rivas- y su hermano, Héctor Sánchez, dentro de una «trama criminal» para hacerse con los recursos públicos del ayuntamiento repartiéndose contratos. También participaron el alcalde en funciones de Rivas, Pedro del Cura , que era quien sacaba a concurso los contratos desde la Concejalía que encabezaba, la de Juventud, y las funcionarias Yolanda Pérez y Abril Barceló, ex socias de Héctor Sánchez. Estos tres están citados a declarar hoy lunes. Tienen sobre la mesa del juzgado 29 contratos del Ayuntamiento de Rivas por un importe de 1,3 millones de euros .

Tal y como reveló este diario, Tania Sánchez y su padre, Raúl Sánchez , como concejales del Ayuntamiento de Rivas, participaron directamente en la adjudicación de los contratos de talleres musicales a la cooperativa Aúpa , cuyo administrador único era Héctor Sánchez. Sus exsocias, las funcionarias que habían creado la cooperativa , Yolanda Pérez y María Abril, pasaron a trabajar como funcionarias en el Ayuntamiento y desde esa posición elaboraban los pliegos y valoraban las ofertas en los concursos que terminaban adjudicándose a la cooperativa Aúpa.

Para más inri, la mayor parte de las adjudicaciones fueron visadas por el propio padre de Héctor Sánchez, que como teniente de alcalde era el superior del concejal que las sacaba a concurso. Raúl Sánchez lo reconoció en la comisión de investigación que celebró el ayuntamiento ripense. La familia Sánchez casi al completo trabajaba para el Ayuntamiento de Rivas.

Tania Sánchez comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Rivas en 2003, con sólo 24 años , como asesora del grupo municipal de IU, del que su padre era concejal, nombrada a dedo . Entró en las listas de las elcciones de 2007 y fue nombrada concejal de Cultura hasta 2011, cuando ascendió a diputada en la Asamblea de Madrid. En paralelo, la cooperativa de su hermano recibió las adjudicaciones entre 2002 y 2008.

La querella también afecta a los llamados contratos del tenis , que fueron adjudicados a una empresa de la que era apoderado un funcionario municipal. Tania Sánchez y su padre adjudicaron a Sport & Tennis Professional Service 425.000 euros en prórrogas de dichos contratos.

El PP presentó la denuncia el pasado 16 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid porque en ese momento Tania Sánchez era aforada por su condición de diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Posteriormente, Sánchez dimitió de su cargo , por lo que el TSJM dejó de ser competente . El PP se dirigió a los juzgados ordinarios, los de Arganda, partido al que pertenece Rivas Vaciamadrid.