El juez invita al Gobierno a denunciar a Netanyahu por el ataque a la Flotilla de la Libertad

Según el juez, esta vía impediría «la posible indefensión de los querellantes» al obligarles a acudir a ellos mismos a un tribunal internacional cuando España podría hacerlo por ellos. A pesar de ello, el juez también les comunica a los querellantes que pueden denunciar los hechos ante el fiscal de la Corte Penal Internacional .

En España, al igual que sucediera con el caso Couso , la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar estos hechos por la reforma del PP de la ley de la justicia universal , según la cual los perseguidos deben encontrarse en España, relata De la Mata. Por ello, el juez acuerda el archivo de la causa pero deja abierta una puerta a que se reabra si Netanyahu y sus exministros vienen a España.

«La causa queda sobreseída hasta que pueda encontrarse en España cualquiera de las personas extranjeras contra las que se dirige el procedimiento», dice el auto. Así, De la Mata pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que «deberán comunicarle la posible presencia en territorio español de las personas contra las que se dirige esta querella: Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Avidgor Lieberman, Moshe Ya'alon, Eli Yishai, Benny Begin y Eliezer Marom».

El magistrado, según han explicado fuentes jurídicas, puede dejar esta puerta abierta gracias a que esta causa se investiga a través de un procedimiento abreviado y no un sumario, en cuyo caso la competencia para acordar el archivo -provisional o definitivo- es de la Sala de lo Penal. Esa es la razón por la que el juez Santiago Pedraz no actuó de la misma manera cuando cerró la investigación por la muerte de José Couso en Irak.

En esta causa se investigaba el ataque que realizó el ejército israelí al buque Mavi Mármara, conocido como la Flotilla de la Libertad, que el 31 de mayo de 2010 se dirigía a Gaza para entregar un cargamento de ayuda humanitaria. En el buque viajaban tres personas españolas.

Según la investigación, los hechos son constitutivos de los supuestos delitos de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura y delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, es decir, crímenes de guerra. Con esta calificación está de acuerdo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que emitió un informe que consideró los hechos como delitos de crímenes de guerra tipificados en el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra.