La Púnica recibía suelo público por debajo de mercado y lo vendía cobrando en negro

Esta mecánica presuntamente delictiva se produjo en unas parcelas de los sectores RU-1 y EL-2 en las que el grupo Dico, una de las principales constructoras implicadas en la trama , construyó 119 unifamiliares. Granados decidió sacar a concurso la parcela pública RU-1 en 2003 por un precio tasado de 5,2 millones de euros.

Diez empresas acudieron al concurso, en el que la adjudicación no dependía del precio, ya que estaba cerrado en 5.208.000 euros, sino de «criterios técnicos». La mejor puntuada, con 99 puntos sobre 100, fue Obras y Vías, la principal constructora de Valdemoro, dirigida por Ramiro Cid Sicluna, promotor de cabecera de Granados e imputado en la trama Púnica. Llama la atención que Cid Sicluna acudió al mismo concurso con dos empresas, ya que también presentó oferta a nombre de Tuvalu Gestión.

El procedimiento se tramitó durante el último año de Granados como alcalde y fue adjudicado el 2 de diciembre de 2003, sólo unos días después de que el político fuera nombrado consejero de Transportes del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Una vez que Obras y Vías se hizo con esta parcela, la RU-1, la puso en venta junto con la EL-2, cuyo coste inicial no ha trascendido. Un comprador interesado reconoce a ABC que Obras y Vías exigía que una parte del pago, siete millones de euros, tenía que hacerse en B.

«Nosotros no teníamos ese dinero negro y, aunque las parcelas no intesaban mucho, no pudimos comprarlas», reconoce a este diario el empresario, que ha pedido anonimato.

Finalmente Obras y Vías encontró comprador en el grupo Dico que, según los documentos incorporados a la causa, accedió a pagar la parte en B que se le pedía. Para generar ese dinero negro, el grupo Dico tuvo que recurrir a artificios contables, como reconoció en un acta ante notario David Merino, quien en ese momento era director general de la constructora.

Una buena parte, 2,5 millones de euros, fueron retirados en metálico de una cuenta de la constructora en la entidad Caja Cantabria. En concreto, la retirada de dinero en metálico la hizo personalmente Merino a finales de 2007, junto con otros directivos de la constructora, «en la sede de la CECA (Confederación de Cajas de Ahorro sita en la calle Alcalá». «Una vez que habían preparado el total del importe, nos dirigimos a tal sede y tras los normales procedimientos de firma de documentos, por aquellos que teníamo poderes para retiradas de banco en efectivo, procedimos a retirar el importe».

Además, según el relato de Merino, incorporado al sumario de la operación Púnica, ese dinero también servía para «cumplir compromisos monetarios como parte de pago en forma de comisiones por la adjudicación o venta de la citada parcela», que «iban dirigidas a los responsables del Ayuntamiento de Valdemoro». Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han incautado recientemente de varios documentos del Ayuntamiento de Valdemoro relativos a la enajenación de estas parcelas.

Si bien fue Granados quien puso en marcha la venta de este suelo público, fue su sustituto, José Miguel Moreno Torres, quien concluyó el procedimiento. El exalcalde de Valdemoro está en el punto de mira del juez Eloy Velasco, si bien no ha podido imputarlo al ser aforado, en su condición de diputado de la Asamblea de Madrid. Moreno Torres no va a repetir en las listas del PP a la Cámara regional, por lo que todo apunta a que será imputado en cuanto pierda el aforamiento.

Quien sí está imputado es el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro Soto. Según fuentes del caso, su papel era fundamental a la hora de dar un aspecto de legalidad a las operaciones que afectaban al patrimonio público de Valdemoro, como las tasaciones para las enajenaciones de suelo u otros informes técnicos.

El portavoz del grupo municipal socialista, Serafín Faraldos, destaca en conversación con ABC que los responsables del ayuntamiento se dedicaron a «hacer negocios con allegados, amigos y testaferros pero utilizando el patrimonio de los valdemoreños para alimentar una red clientelar». Faraldos hace hincapié en que «este tipo de negocios se traduce en pérdida de millones de euros de dinero público que acaba pagando el ciudadano con sus impuestos a medida que el Ayuntamiento se hace más pobre».