La defensa de Granados pide la libertad del exdirigente del PP por «falta de pruebas»

Enrique Molina, abogado de Francisco Granados, estaba ayer ultimando el escrito en el que va a solicitar la puesta en libertad de su defendido. Según las fuentes consultadas por ABC, la defensa va a intentar presentar la petición en el Juzgado Central de Instrucción número seis hoy mismo, pero cabe la posibilidad de que se retrase hasta el lunes.

El principal argumento que va a utilizar Molina es la «ausencia de pruebas» de los delitos que se le imputan a su cliente en la parte del sumario sobre la que se levantó el secreto.

Esta será la primera vez que Granados solicita recuperar la libertad desde que fue encarcelado, un hecho que ha resultado «extraño» a los investigadores de la trama Púnica . El motivo por el que sus abogados no lo han solicitado antes es el desconocimiento de los hechos concretos que se le imputan al que fuera secretario general del Partido Popular de Madrid.

Una vez examinados los diecinueve tomos sobre los que se ha levantado el secreto, el letrado argumentará la falta de indicios probatorios. No obstante, esta parte del sumario sólo comprende las investigaciones preliminares de la causa, principalmente los informes de la Agencia Tributaria sobre las declaraciones fiscales de Granados, David Marjaliza -presunto número dos de la trama-, sus respectivas esposas y las decenas de sociedades que manejaba el citado empresario.

Se entiende que el grueso de las pruebas que sirvieron para encarcelar al político y al empresario están en las partes del sumario que aún siguen bajo secreto y, por lo tanto, no son conocidas por los imputados. El secreto se levantará cuando no ponga en riesgo las actuales diligencias de investigación que lideran la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Del medio centener de imputados, entre políticos, funcionarios y empresarios, Granados y Marjaliza son los únicos que permanecen en prisión. Están acusados de liderar una trama corrupta que participó en la adjudicación de 250 millones de euros en servicios públicos a cambio de comisiones ilegales en Madrid, Valencia, León y Murcia.

Cayeron seis alcaldes de la Comunidad de Madrid (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle), un exalcalde de Cartagena, el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el presidente de la Diputación de León.

En concreto, a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.