El interventor de los ERE dice que «el Gobierno miró para otro lado» cuando le advirtió de irregularidades

Gómez Martínez, que está imputado ante el Juzgado de Sevilla donde ha instruido el caso la juez Mercedes Alaya, y que pidió comparecer voluntariamente, ha insistido ante el juez Alberto Jorge Barreiro en que las decaraciones de los aforados sobre su desconocimiento ante lo que estaba sucediendo no responden a la verdad y que, además, sus insinuaciones sobre que la Intervención no hizo ninguna advertencia no solo le afectan a él, sino a decenas de funcionarios que «cumplieron siempre con sus obligaciones legales de control».

La versión de quien fue interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010, es decir, en pleno desarrollo del supuesto fraude de los ERE, es totalmente contradictoria de la que dan los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los expresidentes han declarado que en ningún momento recibieron informes alertando de que hubiera ilegalidades en los ERE, algo que no acepta el responsable de hacerlos, el citado interventor.

Griñán y Chaves explicaron en sus comparecencias ante Barreiro que no constan en la causa informes de actuación, previstos para alertar al máximo nivel de que una medida política no cumple con la ley.

Lo que según los aforados hizo el interventor fueron informes de cumplimiento que no deben ser elevados al consejero y menos al presidente.

Este tipo de informes de la intervención señalan irregularidades, pero no lo bastante graves como para que lleguen al máximo nivel y además, según Griñán, se dio orden de subsanarlas.