Ruz cierra la investigación de los papeles de Bárcenas y cree acreditada la caja B del PP

Después de dos años de instrucción, Ruz procesa a tres exresponsables del PP (los extesoreros Bárcenas y Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez) y a tres miembros de Unifica, la empresa que se encargó de la reforma de la sede del partido (los responsables Gonzalo Urquijo y Belén García y la empleada Laura Montero) por supuestos delitos fiscales en las citadas obras, por la que el PP pagó 1,5 millones de euros con dicha caja B. El magistrado atribuye, además, el supuesto delito de adminsitración desleal a Bárcenas y Lapuerta y el de falsedad documental a los dirigentes de Unifica.

Según la investigación, el delito fiscal exisitiría en el caso de los responsables de Unifica por dejar de tributar lo correspondiente al Impuesto de Sociedades del año 2007 del Impuesto sobre el Valor Añadido del año 2010. En el caso de los antiguos responsables del PP el supuesto delito fiscal aparece por dejar de tributar en 2008 las donaciones irregulares que recibió de diversos empresarios, que aparecían en los papeles de Bárcenas. La Agencia Tributaria considera que estos pagos están exentos de tributación, como cualquier donación que vaya a parar a un partido político. El magistrado entiende que las donaciones no estarían exentas por haberse destinado a fines opacos. En el juicio se resolverá.

La empresa de arquitectura y el PP serían, por estas irregularidades, responsables civiles subsidiarios en caso de que haya condena.

Además, Ruz cree que la investigación ha puesto de manifiesto que la formación política tuvo desde 1990 hasta al menos 2008 una contabilidad paralela, que bebió de corrientes financieras al margen de la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal de Cuentas . En concreto, el magistrado observa que estas entradas y salidas de dinero funcionaron «a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas b».

Aún así, el magistrado ha tomado la decisión de archivar la causa contra otros 22 imputados, entre los que se encuentran los empresarios que supuestamente realizaron las donaciones y el exnúmero dos del partido Acebes. Ruz cree que no está probada su participación, ni como superior, en la compra de acciones del medio de comunicación Libertad Digital con los fondos opacos.

En el caso del expediente sobre el cotnrato de basuras concedido en Toledo a la empresa Sufi, Ruz abre una pieza separada y se inhibe a favor de un juzgado de Toledo, aunque considera que existen indicios de los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.