Ruz da diez días a Bárcenas para que pague una fianza civil de 43,2 millones

En un auto hecho público ayer, Ruz establece esta cantidad para hacer frente a las responsabilidades económicas de las que pudiera ser responsable el ex tesorero del PP en caso de que sea finalmente condenado. De todos modos, el juez ha fijado esa cuantía «sin perjuicio» de que pueda ser ampliada cuando la investigación de la trama Gürtel llegue a su fin. Para llegar a esta cantidad, Ruz se ha basado en los últimos informes realizados por la Agencia Tributaria después de analizar toda la información que han remitido autoridades suizas y norteamericanas sobre la fortuna de Bárcenas en el extranjero.

Ese es el motivo por el que la cantidad fijada es muy superior a la fianza solicitada por el fiscal, que se quedó en 28,1 millones de euros. El motivo es que cuando el ministerio público hizo esta petición no tenía en su poder los últimos informes de la Agencia Tributaria. Aún así, la fianza fijada por Ruz sigue siendo inferior a la solicitada por una de las acusaciones populares, ADADE, que pidió 54,4 millones de euros en este concepto.

En cualquier caso, en su auto el juez insiste que este cálculo es provisional, porque se encuentra pendiente de recepción las nuevas ampliaciones de las comisiones rogatorias remitidas a Suiza y a Estados Unidos, cuyo resultado podría obligar a una nueva definición y cálculo.

Para llegar a los 43,2 millones el juez Ruz se ha basado en los delitos presuntamente cometidos por el exsenador: contra la hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y estafa procesal en grado de tentativa. Por tanto, como punto de partida, el juez ha fijado las cuotas presuntamente defraudadas por Bárcenas en concepto de IRPF e impuesto de patrimonio en los años 2002, 2003 y 2007. También en el año 2006, aunque en este caso a título de cooperador necesario en la declaración de su mujer, Rosalía Iglesias. La cifra total defraudada, lo que Bárcenas dejó de pagar al Estado, fueron 5.352.860 euros.

Por ello, la multa que establece la Ley es de 14.009.700 euros. Además, los intereses de demora por este fraude ascienden a 1.898.549 euros. Las suma de estos tres conceptos asciende a 21.261.119 euros. En relación con el delito de blanqueo de capitales, la cifra estimada por el juez es de otros 11 millones de euros y a eso hay que sumarle 90.000 euros por el delito de cohecho, 18.000 por el de estafa procesal en grado de tentativa y 36.000 más por la falsedad en documento mercantil. En total, 32.405.119 euros: ésta es la responsabilidad económica que deberá afrontar Bárcenas, en caso de ser condenado. Además, la ley dice que para fijar la fianza hay que añadir a esta cantidad un tercio más, lo que da lugar a los 43,2 millones de fianza civil.

En el marco de la investigación de la trama Gürtel, el juez Ruz sigue recibiendo informes técnicos tanto de la Agencia Tributaria como de la Policía Nacional. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le remitió ayer el resultado de la investigación sobre la notaría en la que se firmaron los falsos contratos de compraventa entre el matrimonio Bárcenas-Iglesias y la pintora argentina Isabel Mackinlay.

En el escrito, se ofrece todo lujo de detalles en torno a esa oficina, que está ubicada en Buenos Aires y sobre la que los investigadores concluyen que ofrece pocas muestras de transparencia. Los autores del informe incluyen mapas y fotos de la puerta de la notaría, que en Argentina son denominadas escribanías, y afirman que «ni en la entrada del edificio ni en la puerta de la oficina figura de la identificación ni la identidad del escribano». «Ante clientes no conocidos, y vencidas las dificultades para el franqueo de la puerta, se le interroga para saber de parte de qué persona viene», revelan los agentes.

A la vuelta del verano, el hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial Miguel Carmona pasará a ser el titular del Juzgado Central de instrucción número 5, que hoy día dirige Pablo Ruz. A este respecto, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, dijo ayer que la «intención» de la Sala de Gobierno del órgano judicial, y también su punto de vista personal, es «clara» a favor de la continuidad de Ruz. «Yo no daría por segura ni una cosa ni la otra. Pero la intención nuestra sí que es clara: que continúe», aseveró.