Imbroda declara ante el Supremo por la presunta contratación irregular de un abogado

El caso se inició a partir de una denuncia de una asociación de letrados, en el año 2001, cuando la ciudad autónoma contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas cuya contratación pudo ser ilegal.

Ante esta denuncia, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Emilio Lamo de Espinosa, envió al Supremo una exposición razonada a partir de una investigación que apuntaba la posibilidad de que Imbroda hubiera designado a un abogado al margen de los servicios jurídicos públicos y sin seguir los trámites exigidos por la ley para ello, informa Efe.

El artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación que comete «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo» y se establece una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

El mandatario pidió al Supremo poder declarar voluntariamente, convencido de que, al explicarse, todas las dudas quedarán resueltas.

Según ha explicado Imbroda en reiteradas ocasiones, la contratación y las órdenes de pago de las minutas se basaron en informes de técnicos de la administración, a los que no se opuso ni el interventor de la ciudad ni los técnicos de la Consejería de Administraciones Públicas ni el secretario de la Asamblea.

La imputación de Imbroda no ha impedido que sea designado por su partido como cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 24 de mayo.