El juez Velasco levanta el secreto sobre 19 tomos de la causa y prorroga el resto

Así consta en un auto dictado este viernes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que autoriza a las partes personadas en el procedimiento a acceder a una parte de las actuaciones y mantiene el secreto para el resto de la causa, que sólo podrá ser conocida por la Fiscalía Anticorrupción.

Además, Velasco ha citado al empresario y presidente del Real Madrid Florentino Pérez para declarar como testigo, el próximo lunes, en la investigación por la denominada operación Púnica, han informado esta noche fuentes jurídicas.

La 'operación Púnica', que se desarrolló el pasado 27 de octubre, finalizó con el ingreso en prisión incondicional de siete personas, entre las que se encontraban, además de Granados, el empresario de la construcción David Marjaliza, el informático Alejandro de Pedro y el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez. Los dos últimos quedaron en libertad tras abonar sendas fianzas de 30.000 y 50.000 euros aunque la Sala de lo Penal ordenó devolvérsela a De Pedro.

Según los autos de prisión de Velasco, las «redes clientelares de tráfico de influencias» constituidas en torno a Grandos se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Granados formaba parte de «una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada».

La resolución judicial también apuntaba que las «autoridades municipales» detenidas -entre los que se encontraba el alcalde de Parla José María Fraile (PSOE)- «se plegaron a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos».

A los detenidos se les imputan once delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal, por formar «una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos».

También se adjudicaban, según el juez, «aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo que, dependiendo de las autoridades públicas, actúan en beneficio de personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama».