El PSOE no exigirá aún a Griñán y Chaves el acta de diputados

El Supremo imputa a Chaves y Griñán por el 'caso de los ERE'El PP pide a Sánchez que «limpie» también en AndalucíaLos indicios de Alaya contra Chaves y Griñán

El asunto es aún así terriblemente espinoso para el principal partido de la oposición. Tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz afirmaron hace ya meses que cualquier cargo parlamentario del PSOE que resultara imputado por el Tribunal Supremo o un tribunal superior de justicia debería abandonar su escaño. Después matizaron que se referían a un imputación por delito concreto. O sea, a que un magistrado considere, tras tomarles declaración, que deben permanecer encausados.

El matiz no era baladí porque la estrategia de defensa de Chaves y Griñán siempre pasó por pedir declarar voluntariamente en el mismo momento en el que la causa abierta por la juez de instrucción Mercedes Alaya llegara al Supremo. Y no hay, conforme al reglamento jurídico español, otra forma de hacerlo que bajo la figura de imputado, con asistencia letrada (salvo que uno sea testigo, que no es el caso).

Eso era algo en lo que, aparentemente, no había caído Díaz, la primera en abrir el fuego, cuando entró en una espiral con Sánchez para ver quién es más limpio y más contundente contra la corrupción. En la política la brocha gorda es más fácil de entender que los asuntos complejos y ahora las hemerotecas están llenas de titulares en los que tanto el secretario general del partido como la presidenta de la Junta de Andalucía hablan de una exigencia que no será tal.

Para terminar de embrollar el asunto, el portavoz del grupo en el Congreso, Antonio Hernando, defendió en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces que lo adecuado seria aplicar el código ético aprobado por el partido el otoño pasado. En él se fija como momento de exigencia de responsabilidades políticas a cualquier cargo del partido, en concreto para obligar a su dimisión, la apertura de juicio oral, no la imputación.

El propio Hernando ha tenido que volver a comparecer, sin embargo, minutos después para desdecirse y admitir que en este caso concreto "no se aplicará el código ético sino los compromisos establecidos por Pedro Sánchez".

En realidad, el código ético se puede considerar papel mojado porque ya son muchas las ocasiones en las que se ha ido más allá de lo que en él se establece, por ejemplo, cuando se expulsó del partido a los usuarios de las tarjetas black de Caja Madrid sin que hubieran sido siquiera imputados.

En Ferraz subrayan, en todo caso, que en su punto 5.3 la norma interna da cierto margen de flexibilidad. "Toda persona que ostente un cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en caso de que resulte imputado por una resolución judicial -dice el texto-, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esa información al a Comisión Federal de Etica y Garantías (....) a fin de que estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción de medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y su gravedad".

Otro matiz: la exigencia del acta parlamentaria no es una medida estatutaria. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara al respecto. El escaño no pertenece al partido sino al propio senador o diputado.