Artur Mas, presidente de la Generalitat
Artur Mas, presidente de la Generalitat - Efe

Mas, segundo presidente catalán que recibe una querella de la Fiscalía

Jordi Pujol fue denunciado hace treinta años por razones económicas derivadas de su papel en Banca Catalana

Efe
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La querella que la Fiscalía ha presentado este viernes contra Artur Mas es la segunda que el Ministerio Público emprende contra un presidente de la Generalitat, después de la que fue objeto Jordi Pujol hace treinta años, si bien los hechos y circunstancias que las motivaron son sustancialmente distintos.

Mientras que la querella contra Mas se fundamenta en actos políticos en el ejercicio de su cargo durante la jornada participativa del 9 de noviembre, la querella contra Pujol tuvo razones económicas derivadas de su papel en Banca Catalana, anteriores a su desempeño como presidente de Cataluña.

La Fiscalía General del Estado ha presentado una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta c omisión de delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N. La querella, que se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también se dirige contra la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, también por los mismos delitos.

Contra Banca Catalana

Esta querella se produce treinta años después de la que los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo elaboraron en mayo de 1984 contra el consejo de Administración de Banca Catalana,en la que incluyeron a su vicepresidente ejecutivo, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat desde 1980.

Se acusaba a los directivos de la entidad de apropiación indebida, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas, y la querella contó con el apoyo del Fiscal General del Estado, Luis Antonio Buron Barba.

La querella puso bajo mínimos las relaciones entre la Generalitat de CiU y el Gobierno socialista de Felipe González, hasta el punto de que Pujol se dirigió a los ciudadanos desde el balcón del Palau de la Generalitat para acusar al Ejecutivo central de haber hecho «una jugada indigna».

En noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona rechazó sin embargo la petición fiscal de procesamiento, donde se acusaba a Pujol y al resto de consejeros del banco. El fiscal general del Estado ordenó además al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona no recurrir el auto exculpatorio, en contra de la opinión de los fiscales instructores del caso.

Querella por el 9-N

En marzo de 1990, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario y el tribunal estimaba que el estudio no revelaba un «criminal y fraudulento concierto» entre los querellados o parte de ellos tendente a la apropiación de los bienes, aunque pudiera indicar, a efectos polémicos, «una gestión imprudente e incluso desastrosa».

Treinta años después, el presidente Mas se enfrenta a una querella relacionada con un acto político, como fue su papel durante la jornada del proceso participativo del pasado 9 de noviembre, en la que se preguntaba a los ciudadanos en clave soberanista e independentista en una «consulta» suspendida previamente por el Tribunal Constitucional.

La cúpula del Ministerio Fiscal apoyó el pasado día 19 al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en su decisión de presentar la querella por el 9-N. La Fiscalía Superior de Cataluña se había mostrado contraria previamente a la presentación de la querella al estimar que por el momento no procedía iniciar acciones penales contra los responsables del llamado proceso del 9-N.