El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce - Ángel Navarrete

«Es evidente que los querellados conocían la suspensión del TC»

La Fiscalía General del Estado ultima su escrito contra Mas, Ortega y Rigau por el 9-N

nati villanueva
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Las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de su «número dos», Joana Ortega, y de la consejera de Educación, Irene Rigau, disipan cualquier duda» sobre su posible desconocimiento de la suspensión del 9-N por parte del TC. Este es uno de los ejes que fundamentarán la querella que el fiscal general del Estado ordenará presentar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

A falta de los retoques «técnicos», que a última hora de ayer ultimaba la Secretaria Técnica del órgano, Eduardo Torres-Dulce tenía la intención de que el escrito se presentara hoy o, a más tardar, el lunes. En él se parte de que tras la primera suspensión acordada por el TC, el Gobierno de la Generalitat, «en cumplimiento de su designio original de celebrar una consulta materialmente referendaria» sobre el destino político de Cataluña, «con el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces había obstaculizado», adoptó una nueva estrategia: la de impulsar el mismo proceso mediante «actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso», y establecer que su vía de comunicación con la ciudadanía sería una página web institucional.

Torres-Dulce desglosará en su querella todas las actuaciones que llevaron a cabo Mas, Ortega y Rigau en relación con la consulta prohibida y que, a su juicio, les han hecho incurrir en cuatro delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones judiciales.

Responsabilidad de Mas

Desde la constitución de los órganos de la administración electoral previstos en la ley de consultas ya suspendida, hasta la campaña de llamamiento a la participación de la ciudadanía, la responsabilidad de Mas en este proceso es total. «El querellado puso en marcha un proceso de participación con la parafernalia de urnas, mesas y papeletas característica de los procesos electorales», sostendrá la denuncia. Y es en el diseño de esta parafernalia en la que entra en juego la consejera de Educación. Desde el Departamento de Enseñanza de la Generalitat que dirige Irene Rigau se llevaron a cabo « convocatorias oficiosas cursadas vía correo electrónico a directores de institutos de enseñanza media en las que les solicitó su colaboración consistente en la cesión de sus centros los días 8 y 9 de noviembre para la instalación de mesas electorales y el desarrollo de la convocatoria».

De igual forma, las papeletas fueron confeccionadas «siguiendo instrucciones del Gobierno autonómico». El Ejecutivo «exigió» por mail a las emisoras de radio y cadenas privadas la difusión gratuita de los anuncios de la campaña informativa, y se mandaron cartas con el membrete oficial de la Generalitat a los ciudadanos catalanes animándoles a participar en la consulta. «Los actos jurídicos y materiales adoptados por el Gobierno de la Generalitat e impulsados por Mas y los otros querellados, tendentes a lograr a toda costa la celebración de la consulta (y que implican prevaricación), se prolongaron después de la providencia del 4 de noviembre» (segunda suspensión del TC). Incluso el mismo día de la consulta, en el momento de depositar su voto, Mas hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable del 9-N era él, recuerda el escrito.

Ese día es fundamental el papel de Ortega: con sus comparecencias para dar cuenta de los datos de participación, la vicepresidenta autonómica puso cara a la asunción de «tareas propias del proceso de participación por parte de la Generalitat».

«Manejo honesto» del dinero

Para el Ministerio Público, la malversación se cometió desde el momento en que se invirtió dinero público en «actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del TC». Dice la Fiscalía que en el delito de malversación el bien jurídico protegido es el «correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los caudales del Estado» sin que sea necesario que se lucrasen el Gobierno autonómico o terceros.

Respecto al delito de usurpación de funciones (impedir ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente), este protege la división de poderes, recuerda la Fiscalía. «Lo que está en juego realmente es la vigencia de las decisiones del TC en el territorio de Cataluña, contrarrestada sin fundamento legal por un ejercicio desviado de las prerrogativas administrativas y de gobierno de las que se hallan investidos los querellados».