Diez cosas que dejaría de disfrutar una Cataluña independiente

Los aficionados del Fútbol Club Barcelona y del Real Club Deportivo Español, además de otros clubes deportivos catalanes, no podrían disfrutar de sus equipos en las competiciones españolas si se consumara la independencia. Lo dejó muy claro el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, quién aseguró el mes pasado que, con la Ley del Deporte en la mano, ambos equipos quedarían fuera de la Liga .

«Barcelona y Español no jugarían la Liga española si se independiza Cataluña. Y no lo harían por los siguientes motivos: la Ley del Deporte recoge en una disposición adicional que solamente hay un Estado no español que puede jugar la Liga o competiciones oficiales españolas y es Andorra», aseguró Tebas en el programa ‘Al primer toque’ de Onda Cero.

Con estas declaraciones, Tebas desmentía rotundamente al expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, quién aseguraba no tener «ninguna duda» de que su equipo seguiría jugando contra equipos españoles .

La independencia de Cataluña significaría también su salida de la Unión Europea, tal y cómo han anunciado en numerosas ocasiones diversos juristas y certificó en septiembre de 2013 el entonces vicepresidente de la Comisión europea y Comisario Europeo de Competencia, Joaquín Almunia.

La salida catalana de la Unión Europea tendría consecuencias devastadoras para su economía. Entre ellas, que dejaría de percibir cientos de millones de euros en ayudas europeas cada año. Según la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina , el nuevo Estado catalán perdería 430 millones al año solo por quedar fuera de la Política Agrícola Común (PAC) .

A esta cifra habría que sumar la cantidad que las cuatro provincias catalanas reciben del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo: unos 10.000 millones de euros, junto con las Islas Baleares, desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 .

Entre este año y 2020, la Generalitat tiene asignados 1.521 millones de euros para estos programas, que pretenden el fortalecimiento de la cohesión económica y social, reduciendo las disparidades regionales a través del apoyo al desarrollo, la construcción de infraestructuras y la reconversión de las industrias en declive; acelerar la convergencia de los Estados miembros y las regiones menos desarrollados mejorando las condiciones de crecimiento y empleo; y fomentar el empleo y promover una mayor cohesión económica y social, respectivamente.

Según han ido pasando los años, los españoles han ido valorando cada vez más la libre circulación de personas, bienes y servicios que ofrece la Unión Europea. De hecho, el 54 por ciento de los españoles eligieron este aspecto como la principal ventaja de pertenecer a la UE en el último Eurbárometro. Pero desde una eventual secesión de España, para los catalanes volverían a levantarse las fronteras propias de cada Estado, además de tener que amoldarse a sus requisitos en cuanto a visados y permisos de trabajo. Los catalanes, al contrario de como hasta ahora, perderían múltiples derechos asociados en esos territorios que ahora sí tienen: la posibilidad de inscribirse en sus oficinas de empleo, disfrutar de las mismas ventajas sociales y fiscales que los nacionales o permanecer en el país aunque hayan dejado de trabajar, entre otros.

Una Cataluña independiente nacería con una capacidad de financiación muy limitada. Para hacer frente a los ingentes gastos que supondría la creación de un nuevo Estado (4.500 millones al mes según el Consejo Asesor para la Transición Nacional, CATN ) y también para pagar la deuda de la actual comunidad autónoma, además de la cantidad correspondiente de la deuda española que le corresponde (unos 192.545 millones, más del 100% de su PIB), Cataluña no podría contar con la que actualmente es una de sus principales fuentes de financiación: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La Generalitat ha recibido hasta octubre 6.752,79 millones de euros, más de un tercio de la cantidad total estimada para todas las autonomías este año, según hizo público el organismo el pasado viernes. Esta cantidad se suma a los 5.400 millones que solicitó en 2012 y los 9.300 que recibió en 2013. Gracias a esta línea de crédito el gobierno catalán ha conseguido mantener a flote sus maltrechas cuentas públicas, ya que en la actualidad le resulta extremadamente difícil obtener financiación en los mercados —su calificación crediticia se mantiene un escalón por encima del grado de especulación, también conocido como bono basura—. Dejar de tener acceso a este mecanismo pondría en serio riesgo la capacidad del Govern de satisfacer sus compromisos financieros más básicos, como los pagos a farmacias, ayuntamientos y entidades sociales.

Además, al abandonar el paraguas de la Unión Europea también implica quedarse sin la red de seguridad que supone el sistema de salvaguardas del euro. Dichas medidas se materializan en el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEdE), un fondo económico permanente destinado a ayudar a los Estados de la zona del euro con problemas de deuda soberana creado el 11 de julio de 2011. El MEdE, que entró en vigor el 8 de octubre de 2012, sustituyó al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, organismos a través de los cuales se canalizaron los rescates a Irlanda (17.700 millones), en noviembre de 2010 y Portugal (26.000 millones) en abril de 2011, además del segundo rescate a Grecia (109.000 millones) y de la ayuda al sector bancario español aprobada en julio de 2012.

El programa universitario por excelencia, Erasmus, no ha dejado de sumar adeptos en Cataluña. En los tres últimos años ha pasado de tener 4.733 alumnos becados repartidos por toda Europa, a pasar a los 5.667, hasta llegar este año 2014 a los 6.066 estudiantes catalanes. Las cifras y la reputación del programa cuya finalidad es crear una sociedad del conocimiento avanzado en Europa, lo avalan. A él hay que sumar otros que, aunque quizá menos conocidos, ofrecen ayudas a la investigación, a la formación y a la orientación de los estudiantes y trabajadores: el programa Leonardo da Vinci, Grundtvig, Ploteus o Eurodysee son solo algunos. Unos programas que, al salir de la Unión Europea, se acabarían para los catalanes.

También quedaría en el aire la validez, a nivel europeo, de los títulos obtenidos en las universidades catalanas. Tras el proceso de Bolonia se ha homogeneizado la educación superior comunitaria, pero al quedar expulsada sería una cuestión a tramitar.

La secesión de España y de la Unión Europea no implicaría abandonar la moneda única, pero sí enfrentarse a un duro dilema. Por una parte, podría mantener el euro, pero a cambio de no tener control alguno sobre él, ya que la nueva Cataluña independiente no podría formar parte de la Eurozona (el conjunto de Estados que forman la unión monetaria) ni participar en la gestión del Banco Central Europeo. Carecería de instrumentos de política monetaria para combatir una reducción del crecimiento en el caso de que se produzca una crisis como la actual.

La otra opción, no obstante, la de crear una moneda propia, sería aún peor, según llegaba a reconocer el Consejo Asesor para la Transición Nacional , que calificaba de «muy difícilmente asumibles» los costes de cambiar de moneda.

Cataluña, como parte de España, integra el mercado único comunitario, un marco formado por 28 países altamente industrializados que suman una población de más de 500 millones de personas y al que destina la mayor parte de sus exportaciones. En la actualidad la región exporta a Europa mercancías por valor de 58.321,7 millones de euros (el 62% del total), que se suman a los 49.131 millones en exportaciones al resto de España. En caso de independencia, los productos catalanes podrían verse sometidos a restricciones por parte de la Unión Europea, como controles o vigilancia aduanera especial. Además, se verían gravados por aranceles que los harían notablemente menos competitivos que sus homólogos europeos.

La secesión afectaría de forma muy negativa a los productos catalanes, no solo debido a un hipotético boicot por parte de un sector de la sociedad —cuyo impacto es difícil de cuantificar—, sino sobre todo por el denominado «efecto frontera», observado por los economistas en las secesiones de las ex repúblicas soviéticas y tras la partición de Checoslovaquia.

El «efecto frontera» agrupa las diversas distorsiones que afectan al intercambio entre regiones cuando una de ellas se convierte en un nuevo Estado. Según un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores , teniendo en cuenta que la intensidad de los intercambios internos es entre 5 y 20 veces superiores a los externos, el efecto frontera daría lugar a un aumento del 44% del precio de las actuales ventas de Cataluña al resto de España.

Cataluña y sus ciudadanos, como parte de España, disfrutan de un amplio paraguas protector cuyas varillas están formadas por las Fuerzas Armadas españolas, la OTAN o la estrecha colaboración desde hace décadas en materia de inteligencia y seguridad no solo con los países de la UE. Pero fuera de España, solo para formar un Ejército, Cataluña se enfrentaría a una larga y costosa labor —que necesitaría una asignación de 2.500 millones de euros según la ANC—.

Por ello, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ya advertía en el Foro ABC celebrado en junio que, fuera de España, Cataluña sería «más vulnerable, frágil y débil». «Cataluña quedaría en un limbo jurídico, lo que propiciaría que esta comunidad autónoma fuera pasto del terrorismo yihadista y del crimen organizado», explicaba el ministro. Días después de estas declaraciones, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler (UDC), calificaba de «inmorales» sus declaraciones, pero el ministro insistía: «Puede doler o preocupar, pero es la verdad». Lo cierto es que ya en 2007, Cataluña era considerada como «el mayor centro mediterráneo de actividad de radicales islamistas», según los documentos de la embajada norteamericana filtrados por WikiLeaks.

El lugar de procedencia de un producto influye de forma notable a la hora de hacer la compra y los ciudadanos de un país prefieren, especialmente en lo referido al gran consumo, los productos de marcas locales, por motivos que van desde la mayor calidad percibida hasta la idea de que con su compra contribuyen a mejorar la economía nacional. En la actualidad, gran parte de los más españoles que optan por el producto nacional se decantan por productos hechos en Cataluña, una de las regiones más industrializadas de nuestro país: según datos del Centro de Predicción Económica (Ceprede), el año pasado el 43% de los productos que las empresas catalanas vendieron fuera de la región acabaron en hogares del resto de España.

En la actualidad, Cataluña está dentro de la cobertura del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el fondo creado en 2008 que gestiona los procesos de reestructuración de entidades de crédito —y que intervino, entre otras, en las entidades catalanas Catalunya Caixa y Unim—. Además, los bancos catalanes disponen de la posibilidad de acceder a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo, y los pequeños ahorradores tienen garantizado recuperar hasta 100.000 euros de sus cuentas bancarias en caso de que la entidad financiera sufra problemas graves .