El fiscal ultima acuerdos con otros tres imputados en el caso Nóos

Los imputados que han decidido negociar con Horrach son el exgerente de Ibatur, Juan Carlos Alía Pino; el que fuera jefe del departamento jurídico de esa entidad, Miguel Ángel Bonet, y el responsable de la Fundación Illesport en la etapa de Matas, Gonzalo Bernal. En principio, admitirán que tanto el patrocinio del equipo ciclista Banesto como los convenios de colaboración firmados con el Instituto Nóos en 2005 y 2006 para la organización de los eventos Illes Ballears Forum se firmaron de forma arbitraria y sin seguir los requisitos marcados por la ley para la contratación pública.

Los tres imputados previsiblemente explicarán también que actuaron así por orden directa del presidente de la Comunidad, Jaume Matas , que era quien se ponía de acuerdo con los máximos responsables de Nóos, Diego Torres e Iñaki Urdangarín. Y que para dar una apariencia de legalidad a esta actuación falsificaron determinada documentación. La entidad presidida por el Duque de Palma cobró cerca de 3,5 millones de euros de las arcas públicas de Baleares, buena parte de los cuales ni siquiera tuvieron que justificar, y por trabajos que en algunos casos no se realizaron.

Tanto el juez instructor José Castro como el fiscal Pedro Horrach sostienen que Matas firmó esos convenios irregulares por la presencia en Nóos de Urdangarín, por entonces miembro de la Familia Real y que desplegaba sus influencias para ser beneficiado por las administraciones públicas.

Además de Alía Pino, Bonet y Bernal, el ministerio público ha llegado a acuerdos de conformidad con el exdirector general de Deportes de Matas, José Luis «Pepote» Ballester, y con el que fuera contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro. Ballester aseguró que «Matas me ordenó aprobar todo lo que viniera de Urdangarín» y que «nadie puso en duda los precios ofertados por el Instituto Nóos». Fue la persona que puso en contacto al Duque de Palma con el presidente balear.

En cuanto a Tejeiro , su confesión es mucho más reciente, del 1 de julio. Asegura que éste «operaba bajo la dirección unitaria de Diego Torres e Iñaki Urdangarín». Añade que se cruzaban facturas entre las sociedades de los dos socios como fórmula para repartirse beneficios, sin que hubiese realmente trabajos realizados. Explica, además que «el coste real de la organización de los eventos -los Illes Balears Forum y los Valencia Summit- fue notablemente inferior al importe recibido de los organismos públicos».

Con todo este arsenal probatorio, al que hay que sumar el resto de testimonios acusatorios y una abundante prueba documental, el fiscal no tiene necesidad de llegar a acuerdos con los principales acusados. Hubo conversaciones con la defensa de Matas, partiendo de la base de que tendría que reconocer su culpa y, dados los abundantes cargos que hay contra él y las penas que conllevan, aceptar pasar un tiempo en prisión. De momento Matas no se ha decidido a dar el paso, pero el tiempo juega en su contra.

En cuanto a Torres, las fuentes consultadas precisan que ha habido algún acercamiento por parte de su letrado, aunque nunca se ha llegado a mantener una conversación en profundidad. Urdangarín no ha movido ficha.