Los cinco posibles delitos de Mas si sigue adelante con su desafío

Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior serán castigados con multa de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 7 a 10 años.

Será castigada con penas de 10 a 15 años de prisión la autoridad que induzca o llame a un alzamiento «público o tumultuario» para impedir la aplicación de la ley.

La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.

El funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, utilice datos reservados de carácter personal, sería inhabilitado de 6 a 12 años.