Cuatro años para debatir la ley del Aborto de Aído en el Tribunal Constitucional

En pleno debate político no eran pocos los magistrados que consideraban que debatir sobre la ley vigente, con una reforma en ciernes, sería una «injerencia». Argumentaban que no tenía sentido someter la normativa a controversia si iba a ser sustituida por otra. Lo cierto es que sin desestimiento, es decir, sin que el Grupo Popular hubiera retirado su recurso, el asunto estaba «vivo» y el TC tendría que haber entrado a resolver de igual forma.

La competencia de incorporar el asunto al Pleno es exclusiva de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, que tomó posesión en junio de 2013. Tampoco su antecesor, Pascual Sala, llevó el tema a discusión. Si se confirma la paralización de la ley de Gallardón, el TC, de mayoría conservadora, no va a tener más remedio que pronunciarse. Lo hará sobre la ponencia del magistrado Andrés Ollero, que avala el recurso del PP.

No será la primera vez que el TC debate el asunto: el 11 de abril de 1985, con motivo de la ley de supuestos aprobada por el Gobierno socialista y que estuvo vigente en España hasta la ley Aído, el Constitucional puso los cimientos del anteproyecto hoy cuestionado.«Si la Constitución protege la vida con la relevancia a la que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente en el claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma(...)». «Esta protección que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma», señaló el órgano.

También los motivos que el Grupo Popular esgrimió en su recurso contra la ley Aído fueron introducidos en el borrador que Rajoy se plantea retirar. En su escrito, el PP señalaba que al legalizar el aborto libre en las 14 primeras semanas, como establece la ley Aído -aunque en algunos supuestos se llega a las 22 semanas-, «el Estado renuncia a su obligación constitucional de proteger al no nacido, al asumir como propia la decisión de la madre y no exigirle al menos una razón objetiva que justifique el «sacrificio»». Además, esta posibilidad de interrumpir el embarazo sin ningún tipo de limitación «resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución», que reconoce el derecho a la vida.

Otro de los puntos del recurso hace alusión al hecho de que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. A juicio del PP «supone una flagrante violación de los derechos de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus propias convicciones, e ignora las responsabilidades que les son inherentes en el ejercicio de la patria potestad».