Mas se enfrentaría a 15 años de cárcel si llega hasta el final con su consulta separatista

El portavoz de la FV, Marcelino Sexmero, recordó que desobedecer al Constitucional es «un hecho novedoso en el Estado español» y dijo que, por tanto, habría que ver los delitos que se les imputan a los organizadores de un eventual referéndum ilegal.

El representante de este colectivo de magistrados sostuvo que que, en caso de llevarse a cabo una consulta no autorizada, en primer lugar cometerían prevaricación por «dictar una resolución o mantener una resolución convocando un referéndum cuando es ilegal».

En segundo lugar, «podría darse una desobediencia grave al Gobierno de la nación». Sexmero se mostró rotundo en el caso de estos dos delitos pero, además, podrían llegar a cometer sedición . «Desde luego la prevaricación la tendrían y la desobediencia sería el siguiente y la sedición dependería, desde luego, de la actitud del Gobierno catalán», explico el portavoz de FV.

En este último caso, desde la asociación de jueces afirman que si en el intento de llevar a cabo la consulta «se organiza una algarada o el propio Gobierno de Cataluña intenta utilizar a los Mossos de Esquadra para proteger la realización del referéndum podríamos estar incluso ante un delito de sedición». Según Sexmero, las condenas para estos delitos pueden oscilar entre la «mera inhabilitación» o la pena de cárcel.

Si se les imputara un delito de desobediencia grave al Gobierno, los organizadores de la consulta podrían ser castigados con penas de prisión de entre seis meses y un año recogidas en el Código Penal. En caso de que Mas convocara finalmente el referéndum aunque fuera prohibido expresamente por el Constitucional, el Ejecutivo de Mariano Rajoy podría proceder contra él y acusarle incluso de un delito de sedición que, en su versión más grave, puede castigarse con hasta 15 años de cárcel si el autor fuera una autoridad.

Por otra parte, para el delito de prevaricación de los funcionarios públicos se prevén penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de siete a diez años para aquellos que dicten una resolución arbitraria en un asunto administrativo o para quienes nombren o acepten cargos públicos sin concurrir a los requisitos legalmente establecidos. No obstante, fuentes jurídicas indicaron a Servimedia que la controversia está servida porque no hay un criterio determinado por la ley para los casos de rebeldía en que una Administración Pública decida aplicar una norma suspendida por el Constitucional.