El Gobierno asumirá las competencias en seguridad y educación si Mas se rebela al TC

En este contexto, el Gobierno tiene diseñadas todas sus respuestas a Mas en función de las decisiones que la Generalitat vaya adoptando. Incluida la más drástica para el supuesto de que la desobediencia sea extrema. Solo en ese caso, de común acuerdo con el Senado, activaría la previsión incluida en el artículo 155 de la Constitución y asumiría las competencias transferidas a Cataluña en materia de educación y de seguridad para prohibir expresamente la celebración de la consulta. Ni un solo colegio se convertiría en sede electoral, y ni un solo mosso d´Esquadra podría permitir su apertura . El Gobierno tampoco permitirá «sucedáneos» o simulacros de votación ni en ayuntamientos ni en diputaciones.

La decisión sería política. Y personal de Mariano Rajoy. Pero fuentes del Gobierno admiten que tanto el Senado como los servicios jurídicos del Estado tienen diseñada «al detalle y con todo rigor» la ruta jurídica para su aplicación. Aun así, confían en la palabra dada por Artur Mas –«no haré nada ilegal»– para no verse obligados a poner en marcha ese proceso, que por primera vez supondría de facto la «intervención política» de una autonomía en España por parte del Gobierno central.

La agenda política en Cataluña está ya predeterminada y no hay novedades. El próximo 19 de septiembre, una semana después de la Diada, quedará aprobada la ley de consultas en el Parlamento catalán y, horas o días después, Mas reunirá a su Ejecutivo para firmar el decreto de convocatoria de la consulta con las dos preguntas conocidas desde diciembre de 2012: «¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? Y si es así, ¿independiente?». Una vez publicados en el Boletín Oficial de la Generalitat, el Gobierno impugnará tanto la ley como el decreto ante el Constitucional, que dejará automáticamente en suspenso los dos instrumentos jurídicos de Mas y formalmente quedará anulado el referéndum independentista . De hecho, una impugnación del Gobierno obliga a paralizar la norma recurrida de modo inmediato.

Las dudas ahora se ciernen -en CiU, ERC y el Gobierno- en las decisiones que adoptará Mas desde ese momento crucial para él. Son una incógnita aún pese a las múltiples especulaciones. Moncloa maneja varias opciones. La primera pasaría por una renuncia de Mas a la consulta para disolver de inmediato el Parlamento catalán y precipitar elecciones el 9 de noviembre. Pdría argumentar ante su electorado que ha cumplido su palabra y convocado el referéndum. Así, la no celebración de la consulta sería achacable a la «represión española» contra la voluntad de los catalanes. Nuevas dosis de victimismo para rearmarse políticamente .

Por el momento CiU no se cansa de generar confusión: « el día 9 habrá urnas », repiten con un guión aprendido. Pero ya muchos de sus dirigentes no cuentan con las urnas del referéndum, sino con las de unos comicios autonómicos «plebiscitarios» que sustituyan a la consulta en la forma y en el fondo. En ese caso, lo que haga CiU es un misterio. Pocos cuentan en ERC -y menos aún en Unió- con concurrir con una lista «conjunta» Mas-Junqueras y con un único punto en el programa electoral: la declaración unilateral de independencia. Lo que es seguro es que CiU no tendría tiempo de reorganizar su proyecto con un nuevo líder y Mas sería el candidato para prolongar su agonía política. Y difícilmente ERC entraría en su juego. El Gobierno no podría hacer nada ante este escenario porque la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones compete solo al presidente catalán.

La segunda tesis que maneja Moncloa sería un adelanto electoral en la próxima primavera, con ERC ya abiertamente desmarcada de CiU por la actitud «poco fiable» que atribuyen a Mas. Es una opción arriesgada para los convergentes porque asumen que Oriol Junqueras «arrasaría» y el «suicidio político» del ahora presidente catalán se habría consumado. La refundación de CiU , inmersa en una crisis de calado con Unió y con dirigentes de Convergencia díscolos con la deriva de Mas, sería inevitable. Y todo el electorado independentista habría quedado en manos de Esquerra.

La tercera opción de Mas sería aquietarse con la prohibición de la consulta, no convocar elecciones e iniciar un ejercicio de supervivencia personal hasta agotar la legislatura en 2016.

El PSC, en las horas más bajas de su historia, está deseoso de editar una «socio-vergencia de emergencia» para ayudar a CiU a salir del atolladero, recuperar todo el protagonismo perdido por su crisis de identidad en los últimos años, y trazar una nueva línea de crédito político para el futuro.

Artur Mas ha escuchado atentamente al socialista Miquel Iceta, pero aún no ha avanzado sus intenciones.

En este supuesto, el PP no participaría como «socio» de Mas en ningún caso, pero con seguridad facilitaría las cosas para aprobar los presupuestos de los dos próximos ejercicios y evitar el bloqueo institucional y económico de Cataluña.

Esta táctica del PSC para volver a «ponerse» en el mapa y salir del ostracismo cuenta además con el respaldo del nuevo secretario general del PSOE , Pedro Sánchez, que aspira a rentabilizar como un primer triunfo en su estreno de líder de la oposición el ofrecimiento de una salida digna -una versión renovada y federalista de la tercera vía- para Mas en su deriva secesionista.

No obstante, esta tesis se percibe aún con mucho escepticismo en el PP. Y de cualquier modo, esta tercera teoría abocaría a CiU a meditar casi desde los próximos meses un relevo para Artur Mas. Convergencia se vería inmersa en un proceso similar al que inició el PNV cuando Juan José Ibarretxe fracasó como lendakari en su proyecto de crear un nuevo «estatus político» para el País Vasco y fue sustituido por Íñigo Urkullu.

Sea cual sea la decisión definitiva de Artur Mas, parece más alejada cada día la opción de una ruptura radical hacia una Cataluña independiente. La presión de sectores de CiU empieza a serle insoportable y crece el riesgo de una división interna con escisiones llamativas más allá de los avisos que lanza desde hace meses Josep Antoni Duran Lleida. También la fractura social ha encrespado los ánimos, y el pronóstico de una CiU aplastada por la corrupción de su «padre» Jordi Pujol, unida al empuje electoral de una ERC sin desgaste, se ha convertido en la peor amenaza hoy en día para Artur Mas.

De hecho, en las últimas semanas en CiU hay más ojos pendientes de Mas que de Moncloa o del TC. Ahí asumen que, en esta fase definitiva de la apuesta secesionista, la batalla está perdida. Para Convergencia, el dilema que se abrirá este otoño es el de cómo gestionar los restos de una apuesta fallida.