La hoja de ruta secesionista del Gobierno de Mas sigue adelante

Artur Mas confía en la ley de consultas catalana para poder convocar a la ciudadanía el próximo 9 de noviembre. La norma está en fase parlamentaria y, tras ser aprobada en Comisión, debe ser sometida a votación en el Pleno de la Cámara catalana. El PP ha pedido un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias -órgano encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas al Estatuto y la Constitución-, que previsiblemente lo avalará, pues se trata de una norma aséptica en la que no se hace referencia a la independencia de Cataluña, sino a la posibilidad de convocar referendos sobre asuntos en los que el presidente autonómico tiene competencias. El PSC ya ha avanzado que, si este Consejo da el visto bueno a la ley, le dará su apoyo en el Parlamento. Ese Pleno se celebrará en septiembre.

Al igual que en 2012 y 2013, la Diada del 11 de septiembre se prevé sumamente reivindicativa. Y tal como sucedió en esas ediciones, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha preparado movilizaciones en la calle a favor de la independencia. El presidente Mas suele invocar esas voces ciudadanas para justificar su proyecto, pero lo cierto es que añaden más presión ante el previsible fracaso de la consulta. Este año, la ANC quiere formar una cadena humana en forma de V gigante.

La idea del Ejecutivo catalán es que, una vez el Parlamento catalán dé luz verde a la ley de consultas, aprobar inmediatamente el decreto de convocatoria del referendo para que el Gobierno español tenga un escaso margen de maniobra a la hora de impugnarlo ante el Tribunal Constitucional (TC). Eso ocurrirá del 15 al 30 de septiembre.

A diferencia de la citada ley, el decreto sí planteará una consulta sobre la independencia de Cataluña, es decir, sobre la separación de una parte del Estado, algo que la Constitución no permite y que excede las competencias autonómicas. El Gobierno de la nación presentaría el recurso ante el TC en ese momento, lo que dejaría sin efecto el cumplimiento del decreto.

Es improbable que Mas saque las urnas a la calle en contra de la prohibición del TC. Otra cosa es la reacción de las plataformas independentistas, que el presidente no controla. El líder de CiU, que se ha jugado su legislatura a una sola carta -la consulta- se vería abocado a adelantar elecciones y dotarlas de un carácter plebiscitario (oficialmente tocan en noviembre de 2016). ERC , partido socio de Mas, maniobrará para que esos comicios no se celebren antes de las municipales de 2015, donde confía en ganar ayuntamientos y diputaciones para financiar la candidatura de Oriol Junqueras.

CDC y ERC podrían llevar en su programa un punto común favorable a la declaración unilateral de independencia, lo que provocaría la ruptura definitiva de los convergentes con UDC, su socia en CiU. Los nacionalistas no descartan una suspensión de la autonomía, según prevé la Constitución en caso de ilegalidad manifiesta.