El camino imposible hacia el referéndum en Cataluña

En primer lugar, hay que distinguir la consulta local que puede convocarse en municipios o comarcas sobre intereses locales, del referéndum que está previsto en la Constitución , para asuntos de interés general, en el que deben participar «todos» los ciudadanos, y no solo los de una Comunidad Autónoma o provincia. Una modalidad diferente sería la del r eferéndum para los Estatutos de Autonomía , en el que sí que participan solo los ciudadanos de la Comunidad correspondiente.

Definido el asunto de interés general, en este caso sería la separación de una parte del territorio nacional, no habría cauce legal para transformalo en referéndum , ya que chocaría frontalmente con la Constitución misma, que en su artículo 2 declara que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Los expertos en Derecho Constitucional consultados señalan que el referéndum no puede convocarse sobre una materia que es inconstitucional en sí misma . Ni siquiera en el caso de que lo propusiera el presidente del Gobierno al Rey, previa autorización del Congreso.

En todo caso, el referéndum podría consultar a los ciudadanos si desean una reforma de la Constitución . Ese sería un camino legal, pero a partir de ahí, una vez conocida la opinión de los españoles, se iniciaría la modificación de la Carta Magna, pero también de manera legal, mediante el proceso pormenorizado que se incluye en su articulado.

Los nacionalistas catalanes podrían presentar una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a la convocatoria del referéndum sobre la independencia. En este caso sería rechazado por la mayoría parlamentaria, como ya ocurrió con el plan Ibarretxe . El propósito de Artur Mas es un callejón sin salida posible, y si convocara el referéndum por su cuenta, el Gobierno, vía Tribunal Constitucional y Derecho Penal, lo frenaría inmediatamente.

La única manera de salir de ese atolladero para Mas, si quisiera seguir adelante con su aventura rupturista, sería la insumisión total la revolución . Y aun así el Estado podría protegerse a sí mismo, siempre con la ley en la mano. La aplicación del artículo 155 sería un opción, para obligar a la Comunidad a cumplir con sus obligaciones y para defender el interés general.

Un diputado resumía la situación recurriendo a Ortega: «La posibilidad de que Cataluña se separe de España es nula. La posibilidad de que Cataluña esté a gusto en España es nula. En medio estamos y en medio seguimos».