Moncloa cree que Mas no rectificará pese a que el caso Pujol le deslegitima

A pocos días de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reciba a Artur Mas en Madrid, en lo que se intuye puede ser la última oportunidad para evitar que España afronte en otoño su peor crisis institucional de los últimos años, las especulaciones sobre la influencia del «escándalo Pujol» en el proceso se disparan. En este sentido, desde Moncloa se asume que difícilmente lo sucedido va a servir para que CDC y sus socios de Esquerra Republicana (ERC) modifiquen el rumbo. Al respecto, fuentes consultadas por ABC dan por descontado que Mas no cambiará, pero sí entienden que lo conocido puede resultar demoledor psicológicamente para los nacionalistas, en un momento además en el que la constatación de que la consulta del 9-N no va a hacerse empieza a cuajar entre sus impulsores.

El hecho de ver cómo el referente moral e histórico del nacionalismo, la persona que encarna en su figura la reconstrucción del autogobierno, acabe sus días de esta manera, representa un golpe tremendo a la legitimidad y credibilidad del proyecto soberanista, se apunta desde el Gobierno.

Esta tesis, no tanto la que apunta a la deslegitimación del proceso como la que destaca la desmoralización que supone entre sus defensores, es compartida en Cataluña de manera amplia, incluso entre las filas nacionalistas. Si durante décadas el catalanismo que representa CiU -no es el caso del independentismo de nuevo cuño que propugna ERC- jugó a confundir Cataluña con la propia figura de Pujol, se entiende ahora el golpe que ha supuesto la carta de confesión del «president». Cuando se atacaba a Pujol o a sus hijos era un «ataque a Cataluña», cuando se ha demostrado que las acusaciones tenían base, el paisaje que emerge en el campo nacionalista es desolador.

«Todos los hermanos lo vemos más como presidente que como padre», explicaba Oriol Pujol en una entrevista hace unos años, un reconocimiento a la imposibiliad de separar a la persona de su figura política, y por extensión, y por obra de la propia CDC, de la propia institución que presidía.

Frente a una CDC que no sale de su estupor, el resto de las formaciones soberanistas trataba ayer de minimizar la influencia de lo confesado por Pujol en los acontecimientos de los próximos meses. Su tesis es la siguiente: del mismo modo que la corrupción que afecta al PP o al PSOE, o los problemas de la Casa Real con Iñaki Urdangarín , no deslegitiman a quienes defienden la unidad de España, los escándalos del nacionalismo tampoco lo hacen a quienes defienden la independencia. Lo que sí se derrumba por completo, se asume, es la superioridad moral con la que muchas veces el nacionalismo catalán ha juzgado los casos de corrupción más allá del Ebro.

Ahora mismo, la principal incógnita es saber cómo reaccionará CDC. Si será capaz de soltar lastre de manera completa, aunque resulte doloroso en lo personal, o seguirá aferrada al victimismo y a la tesis de que si se ataca a Pujol es un ataque a Cataluña.

No obstante, los hechos son tan rotundos, la confesión tan descarnada, que ayer el nuevo número dos de CDC, Josep Rull, hablaba en unos términos inimaginables hasta hace muy poco.

En una entrevista en Rac1, Rull señaló que Pujol debe reflexionar sobre si, además de ante la Justicia, debería «comparecer» también ante CDC «para fortalecer aquel proyecto que él creó». No lo señaló de manera explícita, pero se entendió con claridad que estaba invitando al exlíder del partido a repensar la conveniencia de seguir siendo presidente de honor de la formación. Rull, que era presentado en rueda de prensa como número dos de CDC el mismo día en que Jordi Pujol se autoinmolaba ante la sociedad catalana, reconocía la «tristeza, consternación e impacto importante» generado por la noticia.

Para el Partido Popular, la confesión de Pujol significa constatar «34 años de un engaño histórico en el que las excusas llegan tarde». Este hecho produce «una profunda decepción en muchos catalanes que habían confiado en la honradez de una persona que hoy sabemos que ha tenido un comportamiento como mínimo poco ético», señaló el portavoz del PPC, Enric Millo, que también pidió que se retiren a Pujol los privilegios de los que disfruta como expresidente. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, manifestó su «profunda decepción». En ERC, por contra, se aseguraba que el proceso soberanista sirve «también como una escoba» para pasar página del «viejo sistema autonómico» y que el caso no afectará al pacto con CiU.