Farmacéuticas catalanas financian a CiU por defender sus intereses

Según la documentación obtenida por ABC en registros públicos, distintos laboratorios han aportado a la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña, la Ramón Trias Fargas ( rebautizada como CatDem tras el escándalo del Palau ), un mínimo de 255.000 euros, la mayor parte de ellos entre los años 2003 y 2004.

Hasta 2005, la fundación convergente desglosaba las donaciones recibidas, pero a partir de 2006 la memoria económica que la Trias Fargas ha de entregar al Departamento de Justicia de la Generalitat solo recoge el total percibido en concepto de «donaciones privadas». Ya no se identifica a las empresas donantes ni la cantidad que aporta cada una. Según distintas fuentes, las donaciones de la industria farmacéutica continuaron más allá de los citados 255.000 euros, pero de forma más opaca.

Los principales benefactores de la fundación de Artur Mas son dos multinacionales catalanas, los grupos Ferrer y Almirall. El primero de ellos ha donado a la Fundación Ramón Trias Fargas al menos 150.000 euros. De esta cantidad, 90.000 euros corresponden a los años 2003 y 2004 diluidos entre distintas empresas del grupo: Ferrer Internacional dio 40.000 euros; Ferrer Pharma, otros 30.000 euros; Exinver Ferrer, 10.000 más; y Nova Exinver, otros 10.000.

La Policía recogió en un informe los pagos de Ferrer, que suministra productos al departamento de Salud de la Generalitat. Por su parte, los laboratorios Almirall aportaron 60.000 euros solo en esos dos ejercicios. El resto de donativos provienen de los laboratorios Diviser Aquilea, el Grupo Esteve, Ricardo Molina S. A. y la Fundación Puig.

Los desencuentros de la industria farmacéutica han sido muy numerosos tanto con gobiernos del PP como del PSOE, pero, como demuestra el Diario de Sesiones del Congreso, hay un partido que tradicionalmente se ha puesto del lado de los laboratorios: CiU (en menor medida también el PNV). El enfrentamiento fue patente con Elena Salgado, ministra de Sanidad entre 2004 y 2007, que acusó a las farmacéuticas de «presionar» a los médicos a través de distintas prebendas para que recetaran los medicamentos más caros. En el Proyecto de Presupuestos Generales de 2005 se incluyó una nueva tasa a los laboratorios que Josep Antoni Duran i Lleida, entonces portavoz de CiU en el Congreso, calificó de «inconstitucional». En la tramitación de las enmiendas a los Presupuestos, CiU consiguió que la tasa se rebajara en un 25 por ciento, lo que se tradujo en un ahorro millonario para los laboratorios.

Paralelamente, la Fundación Trias Fargas recibía decenas de miles de euros de la industria farmacéutica. En la Ley del Medicamento que se aprobó en 2006 CiU también consiguió que el Gobierno socialista rebajara la aportación que tenían que hacer los laboratorios en función de sus ventas del 3 por ciento previsto al 2. El apoyo parlamentario de los diputados liderados por Duran a los intereses de los laboratorios se ha repetido año tras año. De hecho, en las enmiendas que presentó CiU a los Presupuestos de 2013 figuraba un IVA superreducido a los productos sanitarios y medidas favorables a los medicamentos de marca frente a los genéricos. Fuentes próximas a la industria farmacéutica niegan que los donativos se entreguen a cambio de una contraprestación.

La Fundación Trias Fragas/CatDem ha sido una pieza clave en la investigación del saqueo del Palau de la Música . Entre 2002 y 2008 la entidad recibió 6,5 millones de euros procedentes de varias empresas con intereses en contratos públicos y más de 600.000 del Palau de la Música, controlado por Félix Millet , el principal acusado de la desaparicion de 36 milones de euros de la institución cultural.

Así lo acreditó un informe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) entregado al juez. La investigación se centró en Ferrovial, ya que la documentación intervenida acreditó que existía una relación de causa-efecto -es decir, pago de comisiones- entre las aportaciones y los contratos recibidos: la construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona y la de la sede de la Ciudad de la Justicia, también en la capital catalana.