El TS también exime del delito de colaboración terrorista a los policías del «chivatazo» a ETA

Los magistrados han desestimado así la petición de las asociaciones de víctimas Dignidad y Justicia y la AVT para que fueran condenados por colaboración con ETA. La Sala argumenta que en aplicación de la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, del TC y la propia doctrina del Tribunal Supremo, no procede la condena «exnovo» en casación de un acusado que haya resultado absuelto en el juicio de instancia (en este caso por colaboración con ETA), cuando la condena requeriría entrar a examinar y modificar los hechos y ello exigiría la comparecencia de los acusados para ser oídos.

El Alto Tribunal aprecia la gravedad de la conducta de los condenados, que dieron a conocer «a los miembros de una red de extorsión terrorista las pesquisas y futuras acciones policiales en marcha, por lo que el daño derivado fácilmente se comprende que es grave por afectar no a una actividad aislada, sino a un entramado organizativo de más difícil investigación ante una posible desaparición de pruebas o adopción de medidas precautorias, y ello al margen del intento de favorecer el proceso de negociación, dado que la vía subrepticia elegida suponía una clara quiebra de principios de actuación judicial y policial, con asombro de los propios informados, y que implicaba un menoscabo y entorpecimiento del servicio público y un grave descrédito del funcionamiento institucional de la administración».

La sentencia cuenta con un voto particular disidente del magistrado Alberto Jorge Barreiro, que entiende que debió de condenarse a los acusados por los dos delitos, aunque apreciando una circunstancia eximente de cumplimiento del deber. Hay otro voto particular concurrente del magistrado Miguel Colmenero, que considera, al igual que la mayoría, que hay que aplicar la doctrina de las sentencias absolutorias, aunque la conducta de los acusados, según éste juez, constituye objetivamente un acto de colaboración con una organización terrorista al permitir que los sospechosos de pertenecer al aparato de extorsión de la misma permaneciera en libertad y en posesión de parte del dinero obtenido con su actividad delictiva. En un tercer voto concurrente, Andrés Martínez Arrieta señala que habría preferido la absolución por falta de dolo en la conducta de ambos mandos.

La Audiencia Nacional consideró probado que Pamiés ordenó en mayo de 2006 a Ballesteros que contactara con el miembro destacado de la red de extorsión de ETA y dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, para pasarle el teléfono desde el que el propio Pamiés le advirtió de su inminente detención por utilizar su bar (Faisán) como epicentro de recaudación del «impuesto revolucionario».

El tribunal descartó entonces el delito de colaboración porque «no estamos ante una acción directa de los acusados para favorecer la actividad de la banda terrorista, sino que fue guiada por la finalidad de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA».