El español pide sitio en la frontera

El nuevo centro, que dará servicio a ambos lados de la frontera con Francia, es el resultado de un convenio suscrito en 2010 entre la Generalitat, por parte española, y la Agencia Regional de Salud de Languedoc-Rosellón, por parte francesa. Ante la proximidad de la fecha inaugural, el subdelegado del Gobierno en Gerona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, decidió realizar una visita al hospital, donde constató que el proyecto estaba finalizado en su totalidad, pero también, que la rotulación de las instalaciones está realizada solamente en dos idiomas, catalán y francés, por lo que el castellano está excluido. ABC ha podido comprobar que, efectivamente, en la señalización no aparece el citado idioma.

Sánchez-Bustamante pidió un dictamen a la Abogacía del Estado, ante la sospecha de que la ausencia del idioma español podría vulnerar el convenio y los estatutos de la «Agrupación Europea de Cooperación Territorial Hospital Cerdaña (AECT HC)». El informe jurídico dio la razón al representante del Estado en Gerona, por lo que éste ha solicitado que el Consejo de Administración del hospital introduzca en el orden del día de una próxima reunión aprobar la rotulación del hospital en los tres idiomas oficiales del ámbito territorial de referencia de la AECT HC. Ese acuerdo se firme probablemente este miércoles.

Según ha podido saber ABC, el subdelegado del Gobierno en Gerona informó de la situación al consejero de Salud de la Generalitat, Boí Ruiz, quien no ha puesto objeciones a dar las oportunas instrucciones a la dirección del hospital para que se proceda a solucionar el problema.

El hospital transfronterizo de la Cerdaña es uno de los proyectos sanitarios más ambiciosos del Gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV), y aunque CiU lo puso a salvo de los recortes aplicados en el gasto público por el presidente Artur Mas, ha sufrido varios retrasos en sus obras. Tiene un presupuesto de 38,5 millones de euros, de los que 1 8,5 proceden de fondos europeos Feder. Los 20 millones restantes son subvencionados en un 60% por la Generalitat y un 20% por el gobierno francés.