Blasco, condenado a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por el caso Cooperación

El Tribunal Superior de Justicia ha hecho pública hoy la sentencia del caso Cooperación dos meses después de que terminara el juicio en el que también estaban acusados los principales responsables de la Conselleria de Solidarida y Ciudadanía, hoy ya desaparecida. El magistrado ponente, en una extensa sentencia, impone al siete veces conseller -con todos los gobiernos autonómicos excepto el último de Fabra- 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación, prevaricación y falsedad en el denominado caso cooperación. El empresario Augusto César Tauroni, considerado presunto cabecilla de la trama, ha sido condenado a 8 años de cárcel y 20 inhabilitación por ser cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación en la primera pieza del 'caso Cooperación', relativa a las ayudas a la Fundación Cyes.

Así, Alexandre Catalá ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel por prevaricación administrativa en concurso con falsedad documenta; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel y 11 de inhabilitación y al pago de 6.750 € de multa por cooperación en prevaricación administrativa y falsedad.; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis ha sido condenado a 3 años de prisión y 2 de inhabilitación por falsedad documental y al pago de una multa de 2.700 €; la ex secretaria general de Cooperación, Tina Sanjuán ha sido condenado a 7 años y medio de cárcel por malversación, prevaricación y falsedad y a 17 años y medio de inhabilitación; y la pareja sentimental de Marcial López, Josefa Cervera.

El caso Cooperación se inició a partir de la denuncia del PSPV y Compromís en la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público abrió diligencias de investigación penal y remitió el asunto al decanato de los juzgados. El caso cayó en el juzgado de Instrucción número 21, que durante meses mantuvo la investigación bajo secreto. Mientras, el teléfono del empresario y principal cabecilla del desfalco, Augusto César Tauroni, era pinchado y la Policía proseguía con las pesquisas. Finalmente, tras encontrar indicios de delito en la actuación del exconseller, la causa se envió al TSJ. Durante el juicio, Blasco insistió en que todo era una conspiración política y negó haber participado en la trama. Aceptó errores de gestión, pero afirmó que estaba tranquilo con su actuación. Rechazó haber presionado a los funcionarios para que aprobaran las ayudas a la Fundación Cyes pese a que no cumplía los requisitos y que hiciera todo lo anterior por la amistad que le unía a Tauroni, a quien conocía de su localidad natal.

La Fiscalía, en cambio, sostuvo que Blasco benefició a su amigo Tauroni en la concesión de subvenciones y le acusó de hacer clientelismo político.

El juicio por esta primera pieza del 'caso Cooperación', fruto de dos años y medio de investigación judicial que comenzó en un juzgado ordinario de Valencia , versó sobre posibles irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

En total, en esta causa figuran nueve acusados: Rafael Blasco, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la extinta Conselleria de Solidaridad, Alexandre Catalá; el ex director general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás. Todos ellos negaron su participación en ningún fraude.

Fiscalía pide un total de 14 años de cárcel para el exconseller, a quien acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental. Así mismo, requiere para Tina Sanjuán 13 años y medio de prisión, 32 de inhabilitación y una multa de 14.400 euros; para Alexandre Català, 13 años, 30 de inhabilitación y 21.600 euros; para Tauroni, 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de la misma cantidad.

Además, solicita para Josep María Felip un total de 10 años de prisión, 27 de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; para el exjefe de servicio Marc Llinares, ocho de prisión y 18 de inhabilitación; para Xavier Llopis, seis de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; y, por último, para Marcial López y su pareja, Josefa Cervera, cuatro años de cárcel, y el pago de una multa --para cada uno-- de seis millones de euros.

El ministerio público mantuvo durante toda la vista que Rafael Blasco hizo "clientelismo político" y utilizó la relación que mantenía con Tauroni, a quien definió como su "amigo", para "delinquir" en las ayudas concedidas para proyectos de cooperación. El fiscal Vicente Torres aludió a la "complicidad" que había entre ambos para conseguir que la conselleria otorgase a la Fundación Cyes subvenciones pese a no seguir los trámites administrativos ordinarios y tener la oposición de técnicos y funcionarios.

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat solicita una pena de 11 años de prisión y 31 de inhabilitación para Rafael Blasco y para Sanjuán, y otras más bajas para el resto de los acusados. Así mismo, José Antonio Penadés, padre del único niño haitiano adoptado en la Comunitat y acusación popular en el caso, reclama 13 años de prisión para el exconseller y Tauroni, y otras penas inferiores para el resto de procesados.

Por otro lado, los abogados de los acusados reclaman la libre absolución para sus representados al entender que no cometieron ninguna irregularidad. En concreto, el abogado de Blasco indicó en la lectura de sus conclusiones que la condena era "insostenible", y el propio exconseller, en su último turno de palabra, reiteró su inocencia y defendió que "siempre" ha estado al lado de la ley. También criticó que la Generalitat le acusara cuando "siempre" le había "defendido".