La UDEF detecta un fraude masivo en los cursos de formación en Andalucía

De momento la investigación está más avanzada en Málaga, pero las fuentes consultadas por ABC advierten de que existen indicios sólidos de que se seguía el mismo «modus operandi» en el resto de las provincias. El monto total de las ayudas del Fondo Social Europeo para estos cursos de formación, adjudicadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), supera los 2.000 millones de euros, pero las mismas fuentes insisten en que el fraude «no alcanza la totalidad de ellas, aunque sí una parte importante».

La investigación comenzó a finales del mayo del pasado año y se centró en Málaga por ser la provincia donde se recibieron las primeras denuncias de la Seguridad Social, que alertaba de que se estaban incumpliendo las condiciones de la concesión de cursos de formación. Tras hacer las comprobaciones oportunas con la documentación oficial, los agentes de la UDEF se trasladaron la semana pasada a esa ciudad y a varios municipios de la provincia, donde se entrevistaron con más de 200 personas, supuestos alumnos.

El resultado fue sorprendente, puesto que o bien no habían hecho los cursos, o se habían suplantado personalidades, o las instalaciones eran objetivamente inadecuadas para impartir esa formación, o los profesores no tenían la capacitación necesaria o, incluso, se interrumpían al segundo día sin que nadie diese al interesado explicación alguna sobre ello.

Fuentes del Gobierno autonómico andaluz consultadas por ABC cifraban ayer en 1,5 millones de euros el montante de los expedientes de ayudas a la formación requeridas por la UDEF a la Delegación de Educación de Málaga. Corresponden a 17 expedientes de subvenciones concedidas en el año 2010 a otras tantas empresas de formación que son los que se están analizando. Esos expedientes, siempre según la Junta de Andalucía, estaban siendo sometidos en estos momentos a una «revisión ordinaria».

En cualquier caso, medios próximos a la investigación insisten en que en los «muestreos» que ya se han realizado se han detectado irregularidades similares en todas las provincias andaluzas, por lo que el montante de lo defraudado puede ser «muy importante», aunque no aportan cifras concretas.

Los mismos medios precisan que por el momento solo se ha tomado declaración a los alumnos y que a partir de ahora se hará lo mismo con los empresarios afectados y con los responsables de la Administración directamente implicados en la concesión de estas ayudas europeas. Además, consideran que ya es necesario judicializar las pesquisas. La duda ahora es si habrá un único sumario en este asunto o bien un juez de cada provincia abrirá uno para agilizar la instrucción.

En cuanto a las características de los empresarios que se han beneficiado de los fondos europeos para la formación, las fuentes consultadas por ABC se muestran muy cautas, aunque señalan que hay algunos que pueden considerarse próximos a la administración y son varios los años en los que han actuado con absoluta impunidad. Otros tenían empresas muy pequeñas que en ocasiones desaparecían tras impartir los cursos para evitar los controles. En este sentido, habría determinados indicios, aún sin concretar, que sugieren que detrás del caso puede haber, al menos, un «cierto clientelismo».

En cuanto al papel que ha juzgado la Administración, al menos se le puede imputar ya una «evidente falta de celo en el control de las subvenciones, algo a lo que está obligada por ley al tratarse de dinero público. Tiene que comprobar que la empresa está capacitada para dar esos cursos; debe cerciorarse de que en efecto se han realizado y, posteriormente, analizar que la documentación que se le envía es correcta». En este caso, dada la magnitud del fraude, es evidente que no se ha cumplido esa labor de control.

Lo que aún es pronto para saber es si algún miembro de la Administración actuaba en connivencia con los empresarios, o si esas irregularidades se cometían con el conocimiento de algún responsable político, lo que se comprobará conforme avancen las pesquisas. Las investigaciones, por tanto, se encuentran aún en su primera fase, ya que son extremadamente complejas. «Hay furgonetas enteras con documentación para analizar; es un trabajo de chinos», explican de forma gráfica las fuentes consultadas.

Lo que es indudable es que este nuevo escándalo de corrupción se conoce en el peor momento para la Junta de Andalucía, aún no recuperada del escándalo de los ERE y en plena resaca de la crisis de Gobierno abierta por el caso de la «corrala Utopía».