El PSOE acosa a la juez Alaya

La estrategia es repetida. Con ocasión de la primera imputación en julio de 2013 de la que fuera consejera de la Junta andaluza entre 1994 y 2004, —luego revocada—, y después con la «preimputación» de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el cierre de filas del PSOE desembocó ya en el acoso y tentativa de derribo de la magistrada. Intensas han sido también las presiones para que concluya la investigación. La persecución ha alcanzado incluso el ámbito de lo personal, cuando Alfonso Guerra llegó a insinuar a finales de 2011 una supuesta vinculación de la juez con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

Como en veces anteriores, el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, evitó ser quien protagonizara la ofensiva. El miércoles no se pronunció y ayer no acudió al pleno que se celebró durante toda la jornada en la Cámara Baja. Sí lo hizo su portavoz parlamentaria y miembro de la dirección federal, Soraya Rodríguez, que fue la encargada de difundir el veredicto —«creo firmemente en la inocencia de Magdalena álvarez», sentenció—y de cuestionar insistentemente la decisión de la juez.

«El auto es un tanto sorprendente, —dijo— y eso no sólo por la cuantía de la fianza, sino porque se produce en un momento en que el juzgado que lo dicta está a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial», que tiene pendiente resolver el recurso presentado por la exminsitra contra su (segunda) imputación. «Ya fue desimputada una vez», apostilló. Y en descargo de su compañera de partido, Soraya Rodríguez puso de relieve que Álvarez no está señalada por «apropiación personal de ningún dinero, sino por legislar, por actuar en el ejercicio de sus competencias presupuestarias».

La juez Mercedes Alaya considera a Magdalena Álvarez artífice, junto a otros de un «procedimiento ilegal de concesión de subvenciones» que se prolongó entre 2000 y 2011, a cuyo amparo habría sido posible la trama de los EREs. El auto añade que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. También que las fianzas -que incluyen una de 22 millones para el viceconsejero de Hacienda de Álvarez y otros 8,8 para quien fuera secretario general técnico de su Consejería- se calcularon siguiendo el principio de proporcionalidad en su triple vertiente de «gravedad, necesariedad e idoneidad».

Los mensajes más graves contra la magistrada se los repartieron, no obstante, Manuel Chaves y el portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia. El primero recuperó el argumento clásico del PSOE de que Alaya trata de hundirles haciendo coincidir milimétricamente sus imputaciones y autos con los momentos importantes del partido. «Seguramente de aquí al 25 de mayo nos vamos a encontrar con decisiones tan espectaculares como la que afecta a Magdalena Álvarez y otros compañeros de la Junta de Andalucía», avanzó, al tiempo que lamentó que «la jueza, en su afán justiciero de abrir una causa general, está destrozando el honor y la profesionalidad de personas inocentes».

Villarrubia fue más allá y volvió a traer a cuenta otro clásico de la campaña del PSOE contra la juez como es la sombra de la prevariación. «Me parecen un despropósito algunos de los autos de esta superjuez —dijo en los pasillos del Congreso— desde el punto de visto jurídico, no se sujeta ni se sostiene por ningún lado. A veces se cometen errores clarísimos que no sé si rayan la prevaricación».

El diputado y líder del PSOE de Castilla y León añadió que le parece «absolutamente correcto» que Álvarez continúe al frente de la Vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), responsabilidad que la convierte en el cargo más alto de la lista de imputados por los ERE. Desde CiU estimaron ayer que sí debería «dar un paso atrás» en ese órgano por sus «evidentes implicaciones» en el caso de los ERE mientras que la líder de UPyD, Rosa Díez, pidió su dimisión por entender que lo contrario supondría «un daño al sistema democrático, a la imagen de España y a la institución».