Las claves de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la consulta catalana

«(...) el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir su futuro (...). El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano».

«Cataluña no es titular de un poder soberano (...), pues la Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes –sostiene la sentencia del TC– emanan del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional».

Plantear concepciones que pretendan modificar el orden constitucional tiene cabida (...) siempre que no se defienda a través de la vulneración de los principios democráticos», sino en el marco de una reforma de la Constitución.

Las referencias al «derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña» sí son constitucionales y pueden ser interpretadas conforme a la Carta Magna, porque «no consagran un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino una aspiración política (...)», dice la sentencia.