La Fiscalía avisa de que limitar la justicia universal puede ser inconstitucional

Así lo señala el teniente fiscal Jesús Alonso en un escrito dirigido al juzgado de Santiago Pedraz en el que, pese a lo anterior, cuestiona la decisión de este magistrado de no archivar el caso Couso. Argumenta que al no hacerlo se ha «extralimitado y vulnerado palmariamente» las normas de competencia funcional, pues ha cerrado la posibilidad de que las partes planteen una cuestión de inconstitucionalidad contra esta reforma, que puede suponer «una vulneración de derechos».

Según Alonso, al tratarse de un sumario, la competencia para decidir sobre el archivo o la continuación de las actuaciones corresponde a la Sala Penal, órgano superior jerárquicamente al juez instructor. «Nos encontramos ante una resolución que vulnera palmariamente las normas de competencia funcional y sustrae a su superior jerárquica, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el conocimiento de una cuestión para la que tiene asignada legalmente y de forma excluyente la competencia», señala.

Pedraz se negó el lunes a archivar el procedimiento abierto por la muerte del cámara de Telecinco en Bagdag José Couso a manos de militares estadounidenses, pues considera que la limitación de la justicia universal contraviene la IV Convención de Ginebra, que obliga a «perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado». La reforma del PP obliga ahora a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

Pero no es la Fiscalía la única que se plantea llevar los límites de la justicia universal al Tribunal Constitucional. Ayer mismo otro juez de la Audiencia Nacional, en este caso Fernando Andreu , preguntó al Ministerio Público y a las partes personas si cabe plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la reforma de la justicia universal en los casos que tramita su juzgado: el genocidio en Ruanda y el ataque al campo de refugiados de Ashraf. Andreu ha dado a las partes un plazo «común e improrrogable» de diez días para pronunciarse sobre si debe plantear esa cuestión ante el TC.

Pese a que la reforma establece el archivo automático de las causas, los otros jueces de instrucción de la Audiencia también han preguntado a las partes qué deben hacer.