Los jueces se resisten a aplicar la reforma de la justicia universal

Ayer era el día en el que se esperaba que los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional procedieran a archivar los casos que no se ajusten a la nueva redacción de la ley, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado viernes. Sobre la mesa, al menos doce causas abiertas en la Audiencia Nacional, desde los genocidios en el Tibet, Guatemala o el Sáhara hasta el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en el Chile de Pinochet, la cárcel de Guantánamo o el Holocausto nazi. Pero tres de ellos se resistieron a hacerlo.

La primacía de las leyes internacionales

El juez Pedraz se plantó ayer ante la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno porque cree que los tratados internacionales suscritos por España tienen primacía sobre la legislación interna. En su opinión, en el caso del cámara de televisión José Couso «la jurisdicción española es competente» porque la IV Convención de Ginebra obliga a «buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuese su nacionalidad».

Un plazo de tres días a las partes

El titular del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, decidió ayer preguntar directamente a las partes personadas en las cinco causas de justicia universal que investiga en su juzgado. Tanto la Fiscalía como el resto de partes personadas tienen un plazo de tres días para explicar cómo les afecta la nueva norma y si cabe o no archivar las diligencias abiertas. Se trata de las presuntas torturas en Guantánamo, el asesinato del español Carmelo Soria, el genocidio del Sáhara, las supuestas torturas contra miembros del Frente Polisario y el ataque israelí a la Flotilla de la Libertad.

Genocidio no, asesinato tal vez

El juez Eloy Velasco preguntó el pasado viernes a las partes personadas en la causa en la que investiga la muerte en El Salvador del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, si puede continuar con el procedimiento. Según el criterio del juez, a los exmilitares salvadoreños se les atribuyó un delito de lesa humanidad, que quedaría afectado por la modificación de la norma, pero también los de asesinato terrorista, lo que permitiría mantener la investigación.