El Congreso exigirá a la Generalitat que cumpla las sentencias del castellano

Tanto el PP como el PSOE ya han adelantado su apoyo al primer punto de la moción, en el que se expresa el rechazo «tajante y expreso» del Congreso al texto sobre el derecho a decidir aprobado por el Parlament el pasado 23 de septiembre, y que desarrolla la resolución que en este mismo sentido sacó adelante la misma cámara meses antes.

El segundo punto está sujeto a enmiendas. La redacción de UPyD propone emplazar al Gobierno a que, utilizando los instrumentos de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, tome «las medidas necesarias» a fin de «remediar» el «abierto» incumplimiento de la legalidad vigente y de las resoluciones judiciales que «sistemáticamente» viene realizando el Ejecutivo catalán.

El PP, que está prácticamente de acuerdo con todo lo que plantea la iniciativa de UPyD, ha presentado, sin embargo, una enmienda a ese segundo punto de la moción «para matizar» algo que, según el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, es «incorrecto». A su juicio, no es el Gobierno, sino los jueces, los que deben instar el cumplimiento de las sentencias. «Y los demás hemos de colaborar con la Justicia, como así lo establece la Constitución», ha dicho.

Su homóloga del PSOE, Soraya Rodríguez, tampoco apoya la redacción de UPyD porque, según ha argumentado, no es propio del Congreso «señalar con el dedo» a una comunidad por no cumplir con la legalidad, ni emplazar al Gobierno a que tome decisiones que conciernen exclusivamente a los tribunales.

Por eso, tanto el PP como el PSOE han presentado sendas enmiendas en las que abogan por utilizar el conjunto del ordenamiento jurídico para «garantizar el cumplimiento de la legalidad» pero evitan dan por hecho que el Ejecutivo catalán la está incumpliendo «sistemáticamente».

Pero el Grupo Popular ha añadido un segundo párrafo para que el Congreso inste «a todas las instituciones y administraciones a acatar el mandato del artículo 118 de la Constitución que establece la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como a prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto»