Ruz sospecha que el PP pagó en negro parte de las obras de Génova

Ruz apuntó que el arquitecto Urquijo pudo haber cometido uno o varios delitos fiscales al no declarar a Hacienda parte de esas obras, después de superar los 120.000 euros que marca el umbral de la ley para que sea delito, según un informe de la Agencia Tributaria remitido a su juzgado. Por ello decidió imputar de momento al empresario, aunque abrió la puerta a investigar “a aquellas personas que hubieran contribuido activamente, en concertación con aquél, a la realización del acto que eventualmente resulte integrador del delito investigado”. Dicho en llano, conocer qué o quiénes en el PP determinaron pagar supuestamente en B al arquitecto.

Aunque todo hace pensar que lo más fácil para Ruz sería implicar a la tesorería del partido, que en 2005, cuando se firman las obras, la dirigía Álvaro Lapuerta y el gerente era Luis Bárcenas, podría darse el caso de que el juez apunte más alto. Entonces la responsabilidad recaería en la secretaría general del PP, que por aquel entonces dirigía Ángel Acebes y que a partir de junio de 2008, año del delito fiscal investigado, comanda María Dolores de Cospedal.

De todas maneras, Ruz ya avanza en el auto de imputación de Urquijo, firmado el pasado viernes aunque trascendió este lunes, que la actividad presuntamente delictiva que se persigue “puede calificarse de grave” y que pondrá todos los medios para llegar hasta el final. Lo más inminente será el informe policial con las conclusiones del registro llevado a cabo en la empresa Unifica, donde se incautó diverso material.

El registro se realizó el viernes y el sábado por la tarde y Ruz buscaba documentación relativa a presupuestos, certificaciones de obras, facturación, liquidación y pagos efectuados, así como cualquier otra contabilidad relativa a la remodelación de la sede nacional del PP.

Para dar este paso el instructor del ‘caso Bárcenas’ ha esperado al informe que había pedido en julio a la Agencia Tributaria, para que concluyera respecto a las obligaciones fiscales que hubiera incumbido el PP en relación con el impuesto de sociedades y de IRPF para los ejercicios de 2007 en adelante, periodo que no estaría prescrito para Ruz y el fiscal anticorrupción del caso, Antonio Romeral.

De las conclusiones de los peritos de Hacienda en lo que respecta a Gonzalo Urquijo y las obras de Génova 13, el juez concluye que hay un desfase contable entre lo que el PP declaró en la contabilidad oficial, remitida al Tribunal de Cuentas, y las anotaciones de los ‘papeles de Bárcenas’, que la Agencia Tributaria da ahora como veraces (antes ya lo había hecho la Policía).

Así, Ruz explica que existen tres notas en los ‘papeles de Bárcenas’ referidas a Urquijo en 2008, cuyo importa global no declarado supera el límite legal de 120.000 euros. Se trata de tres supuesto pagos realizados desde la caja B del PP por 888.000 euros. Un dato que podría estar relacionado con lo que declaró Bárcenas el 15 de julio, cuando aseguró que el 30% de las obras de la sede nacional se abonaron en negro.

Para Hacienda existe un “falta de concordancia o descuadre entre la facturación y la documentación” del servicio que la empresa de Urquijo prestó al PP y aporta al juzgado, y los apuntes registrados en la contabilidad oficial del partido, en lo referente a determinados pagos a la mercantil anotados como anticipos a cuenta y que posteriormente no aparecen descontados en las facturas finales.