El Tribunal de Cuentas presenta su último informe sobre la financiación de los partidos y sus fundaciones

La cuantía más importante de recursos privados contabilizados corresponde a las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes con un saldo total de 44,7 millones de euros, mientras que las donaciones privadas no finalistas recibidas por los partidos ascendieron a 6,4 millones de euros.

De ellas, 3,4 millones correspondieron a donaciones de personas físicas y 2,7 millones provenían de personas jurídicas. En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las donaciones privadas, el Tribunal de Cuentas realiza varias observaciones. Existen, por ejemplo donaciones "no identificadas" por un total de 293.451 euros, lo que contraviene la prohibición prevista en el artículo 5 de Ley Orgánica de Financiación de Partidos de 2007 de que los partidos no podrán aceptar o recibir donaciones anónimas.

Esto se ha apreciado en las cuentas de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (con donaciones no identificadas por valor de 52.055 euros), Unión Progreso y Democracia (28.476 euros) y Partido Aragonés --ahora socio electoral del PP en esa comunidad-- (212.920 euros).

También figuran, según el informe, donaciones de personas jurídicas de las que no se han facilitado el acuerdo del órgano social competente, al contrario de lo que establece la normativa vigente. El Tribunal cita los casos de Unió Democrática de Catalunya (272.600 euros) y Unión Progreso y Democracia (2.931 euros).

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas determina que de 14 de las formaciones que recibieron donaciones privadas en 2008, nueve no identificaron a sus donantes como marca la ley, entre ellas el Partido Popular, ERC y Convergencia Democrática de Catalunya (CDC).

Las memorias que los partidos remiten al órgano fiscalizador deben incluir, además de información explicativa del balance y cuenta de resultados, información específica sobre las subvenciones públicas y donaciones privadas recibidas, así como información pormenorizada de los créditos o préstamos que mantengan los partidos con las entidades de crédito.

En el caso del PP, la memoria contiene el desglose del endeudamiento con entidades de crédito identificando el saldo con cada una de ellas, "si bien no recoge pormenorizadamente las condiciones contractuales de los créditos o préstamos que mantiene el partido con dichas entidades de crédito" en los términos que estable la legislación entonces vigente.

Respecto a las subvenciones públicas y donaciones privadas recibidas, el partido ofrece determinada información agregada, "sin que figure en la memoria la relación de las partidas que integran ambos conceptos ni la identificación de los donantes, conforme establece el citado artículo", reza el informe. En cuanto a la memoria aportada por el PSOE, el órgano fiscalizador señala que en la información relativa a las subvenciones públicas, el partido ofrece determinada información agregada, "sin que figure en la memoria una referencia concreta de las partidas que integran dicho concepto" como prevé la ley.

Izquierda Unida incluye una relación de subvenciones percibidas "aunque no con el suficiente detalle". Tampoco figura la identificación de la persona física que realizó la donación en el ejercicio ni "la información específica sobre las deudas con entidades de crédito con el detalle requerido en el artículo señalado" aunque sí aparecen operaciones de esta naturaleza en el balance de situación y cuenta de resultados presentados. La memoria de CiU no contiene información específica sobre donaciones porque no contabilizó ninguna desde la entrada en vigor de la nueva Ley sobre financiación.

El tribunal juzga insuficiente la relación de donaciones privadas de las que le dio cuenta Convergencia Democrática (CDC). Por su parte, Unió Democrática (UDC) informó adecuadamente de sus donaciones salvo en el caso de un donativo pero no aportó información alguna que explique las partidas del balance y la cuenta de resultados ni envió suficiente información específica relativa a los créditos o préstamos que marca la ley. Tampoco ERC dio información específica sobre las donaciones privadas.

Las fundaciones vinculadas a los partidos políticos recibieron un total de 9,1 millones de euros en donaciones en 2008, de los cuales 1,7 millones se destinaron a las asociadas al PP --en concreto FAES casi 1,6 millones--, el doble de las que recabaron las del PSOE, que sumaron casi 870.000 euros.

Las relacionadas con Convergencia (CDC) y con Unió (UDC), por su parte, lograron sumar 2,6 millones de euros en donativos, la misma cifra que las de los dos partidos mayoritarios, mientras que la única cercana a Esquerra Republicana (ERC) reunió 1,8 millones de euros. Casi la mitad de las 32 formaciones públicas cuya contabilidad fiscalizó el Tribunal de Cuentas en 2008 presentaron un "patrimonio neto negativo".

En total estaban en esta situación 15 formaciones, que en seis de los casos superaban los dos millones de euros negativos; CiU, Unió Democrática de Catalunya, Izquierda Unida Federal, su organización en Madrid y el Bloque Nacionalista Gallego. En concreto, CiU es la primera de la lista con un patrimonio negativo en 2008 de 10,726 millones, seguida de Unió Democrática, una de las dos formaciones que forma la federación nacionalista que acumulaba un saldo negativo de 8 millones.

La tercera con mayores cifras negativas fue Izquierda Unida, que acumulaba 7,9 millones, seguida de su socio electoral en Cataluña, Iniciativa per Catalunya Verds, con 2,3 millones. El quinto lugar es para la organización madrileña de la federación que lidera Cayo Lara, cuyo patrimonio negativo ascendía en 2008 a 2,1 millones 23.022,36 euros. Por su parte, el saldo negativo del BNG llegó a los 2,1 millones.

El tribunal también pone de manifiesto que en 2008 las deudas con entidades de crédito de los partidos analizados ascendían a 223,9 millones de euros, de la que 136,2 millones correspondían a deuda con garantía hipotecaria.

El informe que presentará Álvarez de Miranda incluye, asimismo, una serie de recomendaciones entre las que destacan regular las funciones y obligaciones de los tesoreros de los partidos políticos, reforzar los controles internos de estas formaciones, crear un registro de proveedores de los partidos y procedimientos normalizados de contratación que garanticen la selección de la oferta más ventajosa. También aboga por incluir las fundaciones políticas en el Registro de Partidos y por fiscalizar todas sus cuentas y no sólo las donaciones.