administración
El Tribunal de Cuentas ve desmesurado el número de entes públicos autonómicos
El organismo considera injustificado la cantidad de entidades y alerta de posibles duplicidades entre empresas públicas
s.e
El Tribunal de Cuentas considera que en España hay demasiados entes públicos. El organismo fiscalizador ha alertado de que un notable número de fundaciones, consorcios o empresas públicas requeriría una «mayor exigencia» para justificar tanto su creación como para garantizar la eficiencia y transparencia ... en el uso de los recursos públicos.
Esta es una de las principales conclusiones del informe de fiscalización del sector público autonómico de los ejercicios 2008 y 2009, que también destaca que ninguna de las comunidades autónomas cumplió el objetivo de déficit fijado para esos años.
El Tribunal de Cuentas ha detectado además la «deficiente» elaboración de los presupuestos autonómicos que obligaron a un «elevado volumen» de modificaciones presupuestarias que además, presentan «deficiencias en cuanto a su justificación» o que carecen de «cobertura suficiente».
Sector público empresarial
En cuanto a la fiscalización del sector público empresarial, este mantuvo una situación deficitaria, con pérdidas que para el conjunto de las comunidades -sin incluir los datos de Madrid- alcanzaron los los 3.835 millones de euros en 2009, y 3.887 millones en 2009, lo que obligó a una creciente concesión de subvenciones, ayudas públicas y a un endeudamiento financiero.
La entidad advierte que existen empresas cuyo objeto social coincide parcialmente con el de otras de nueva creación o con algunas que carecen de actividad, por lo que carece de justificación y supone una duplicidad. También alerta el tribunal de que las fundaciones públicas de titularidad autonómica adolecen del marco jurídico completo «en particular en lo relativo a la confección y rendición de cuentas».
Por último y en relación con la situación patrimonial de las administraciones, el tribunal observa bienes sin valorar o incorrectamente valorados, falta de concordancia de los datos y, en algún caso, derechos de cobro dudoso que no se provisionan o que se hacen insuficientemente.
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