audiencia nacional
El PP apunta a Rubalcaba y Camacho en el caso Faisán y pide que este no sea el último juicio
En la última sesión del juicio, el abogado del PP asegura que el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo «recibió órdenes de sus superiores»
juan fernández-miranda
En la última sesión del juicio por el chivatazo del Faisán , la acusación que representa el Partido Popular calificó los hechos de «gravísimos», aseguró que « tales decisiones sólo pueden ser adoptadas por las más altas instancias políticas », y mostró su confianza en ... que «este no sea el último juicio por el Faisán y que los responsables de esta delación delictiva sean juzgados».
De esta forma, el abogado que representa la acusación del PP, Alexis Godoy , da por probada la culpabilidad de los dos acusados por el chivatazo a ETA, Enrique Pamiés y José María Ballesteros , pero apunta al que fuera su jefe, Víctor García Hidalgo , exdirector general de la Policía; Antonio Camacho , secretario de Estado de Seguridad y Alfredo Pérez Rubalcaba , ministro del Interior.
«Esa decisión fue adoptada por las más altas instancias policiales y políticas», dijo Godoy: «En primer lugar, el director general de la Policía, que recibió órdenes de sus superiores».
En su informe de conclusiones, Godoy ratificó su petición de siete años y medio para Pamiés y siete para Ballesteros por el chivatazo a ETA en el bar Faisán. «Estos hechos están totalmente acreditados», dijo Godoy, para quien el móvil político ha quedado probado pese a que las defensas excluyen la participación de los acusados en la delación. «La finalidad de la delación policial fue evitar la detención de un destacado dirigente del PNV, Gorka Aguirre », explicó.
«El poner a disposición de la banda armada una información muy relevante con conocimiento de las consecuencias muy relevantes de los beneficios que tendría para la banda terrorista. Los acusados sabían que al transmitir esa información que la operación policial beneficiaba a unos y perjudicaba a otros». «El éxito —continuó—, debieron atribuírselo los miembros de la red de extorsión», concluyó.
AVT y Dignidad y Justicia
El abogado de la AVT, Antonio Guerrero , solicitó ocho años y medio años de cárcel para Enrique Pamiés y ocho años para José María Ballesteros por los delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada. La AVT considera, a diferencia de la Fiscalía, que para colaborar con la organización terrorista «no hace falta compartir sus fines ideológicos».
« La información que se facilitó buscaba confundir la intervención policial y frustrar la incautación de un dinero que finalmente llega a la banda terrorista ETA. La participación de los dos policías es efectiva y relevante. Aunque no se compartan fines y objetivos y aunque no haya una ayuda a la banda, cuando la persona transmite este tipo de informaciones asume que está contribuyendo a una actividad delictiva», explicó.
Guerrero considera que en la vista oral han quedado probados los hechos objeto de acusación: el 4 de mayo se produjo el chivatazo, la llamada telefónica que recibe el propietario del bar Faisán Joseba Elosúa. Además, la defensa considera que esta probado el «móvil político» de la misma , «como relata Elosúa a su yerno, Carmelo luquini, en el trayecto que hicieron hacia Francia».
Probados los hechos, continuó Antonio Guerrero, toca acreditar la autoría de los mismos: «No existe ninguna prueba directa, pero sí pruebas indiciarias que acreditan la participación de estas personas que están siendo juzgadas junto a otras que no están siendo juzgadas», apuntó.
Por parte otra de las acusaciones, la abogada de Dignidad y Justicia Vanesa Santiago ratificó su petición de condena para los acusados, ligeramente más severas que las solicitudes de la AVT: 10 años de cárcel para Pamiés y 9 para Ballesteros por revelación de secretos y colaboración con banda armada.
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