El Gobierno investigará a Picardo y su entorno para ver si cumple con Hacienda

La investigación alcanzará, entre otras cosas, a las residencias que tengan en España, fundamentalmente en urbanizaciones próximas a Gibraltar como las de Sotogrande o La Alcaidesa , en el municipio de San Roque, y en otros puntos de la Costa del Sol, en los que muchos gibraltareños cuentan con casas o apartamentos, que con frecuencia pagan unos impuestos muy pequeños, por estar a nombre de sociedades radicadas en la colonia y no figurar como residencia habitual.

Según publicó hace días ABC, aunque Fabian Picardo reside la mayor parte del tiempo en el Peñón, no es ajeno a las comodidades que le ofrece España. Por ello, cuenta con dos propiedades en suelo español en las que ha invertido 1,4 millones de euros: una gran casa en Sotogrande y un apartamento en Benahavís, cerca de Marbella. Al menos, la casa -de más de 250 metros cuadrados en una parcela de 1.600- la tiene, al parecer, habitualmente alquilada. Ambas propiedades están a nombre de Fabian Picardo -la de Sotogrande, junto con su esposa- por lo que el ministro principal estaría cumpliendo, en ese sentido, la legalidad española, y afrontando los mismos impuestos en España que cualquier otro propietario.

Además de sobre el ministro principal, Hacienda pondrá la mira en los miembros de su Gabinete y en las actuaciones del bufete de abogados fundado por Sir Joshua Hassan, en el que trabajó anteriormente y que le lleva sus asuntos, y que es uno de los más importantes de la colonia.

La investigación, de la que se habló el pasado miércoles en la primera reunión de la comisión interministerial creada recientemente por el Gobierno para abordar la situación de Gibraltar, forma parte del plan puesto en marcha por Hacienda a comienzos de año para luchar contra el fraude fiscal que tiene su origen en el Peñón y se produce fundamentalmente en los alrededores de la colonia.

El principal foco de atención son las sociedades limitadas constituidas en el Peñón que son titulares de más de 3.000 inmuebles en España y que, en muchos casos, son la vía para eludir el pago de impuestos por parte de un buen número de los 6.700 gibraltareños que se calcula son residentes reales en España. Al no figurar como titulares de sus residencias, estas personas no pagan a Hacienda , entre otras cosas, los impuestos por la compra y venta de esas propiedades.

Junto con este asunto, fue abordado en la reunión de la comisión interministerial, la cuestión de los 19 requerimientos de información fiscal hechos por Hacienda a Gibraltar a lo largo del año, antes de que surgiera el conflicto por el lanzamiento de bloques de hormigón al mar por las autoridades gibraltareñas en los caladeros donde faenan los pesqueros españoles. El plazo para responder a algunos de estos requerimientos concluye este septiembre y el Gobierno español ha anunciado que si no hay contestación denunciará a Gibraltar ante la Unión Europea.

La comisión interministerial se reunió en la sede de Asuntos Exteriores, bajo la presidencia del titular de ese departamento, José Manuel García-Margallo , y asistieron más de una veintena de altos cargos de distintos ministerios. Entre ellos estaban los secretarios de Estado de Interior, Defensa, Hacienda, Medio Ambiente, Infraestructuras y Unión Europea , así como el presidente de la Agencia Tributaria, el secretario general de Pesca, altos representantes del CNI y responsables de la Representación Permanente de España ante la UE.

Las fuentes consultadas por ABC indicaron que, en el encuentro, se pasó revista a la situación de las medidas adoptadas con respecto a Gibraltar, que se mantendrán, incluidos los controles aduaneros en la Verja, que se ha repetido el pasado fin de semana. Asimismo, se trató sobre el posible desarrollo y las consecuencias de otras medidas apuntadas, como la adopción de un peaje o de una tasa de congestión en la Línea de la Concepción; la vuelta a la prohibición de sobrevuelo del espacio aéreo español para aviones que salgan o se dirijan a Gibraltar; o la inspección de las gasolineras flotantes que efectúan tareas de «bunkering» en la Bahía de Algeciras.