¿Desfibriladores en las sedes judiciales?

¿Le habría salvado un desfibrilador? Parte de la carrera judicial cree que sí, y por eso la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) no descarta emprender acciones legales contra la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Justicia y el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En un comunicado remitido ayer, JpD llega a vincular la muerte del magistrado no solo con la falta de medios materiales en los juzgados, sino con la sobrecarga de trabajo que, a raíz de la crisis, sufre especialmente la jurisdicción laboral. La Unión Progresista de Fiscales se ha sumado a la queja de JpD.

Lo cierto es que la parada cardiaca que sufrió este magistrado es una de las 24.500 que se producen cada año en España , una cada veinte minutos. La fibrilación ventricular es la responsable inicial de hasta un 85 por ciento de las paradas cardiacas. Pero en la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras autonomías, no hay una regulación específica de la utilización de desfibriladores fuera del ámbito sanitario. Es decir, no hay ninguna obligación por parte del gobierno autonómico en dotar los edificios públicos dependientes de la comunidad de estos instrumentos, pero sí existen recomendaciones específicas al respecto.

Así, los jueces de Madrid manejaban ayer un Real Decreto del Ministerio de Sanidad del año 2009 en el que se señala «la efectividad, utilidad y el nulo riesgo» en la utilización de los desfibriladores semiautomáticos en los programas de atención inmediata realizados por personal no sanitario en espacios públicos. Su artículo 5 dice así: «Las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas promoverán y recomendarán su instalación , de acuerdo con las indicaciones o recomendaciones de los organismos internacionales, en aquellos lugares en que se concentre o transite un gran número de personas ».

«Hay que saber utilizarlos»

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, sostiene que ha hecho al menos cuatro requerimientos en los últimos años para que las sedes judiciales más concurridas de la capital (Plaza de Castilla, Capitán Haya, Julián Camarillo y los juzgados de lo Social en los que falleció el magistrado) cuenten con estos instrumentos.

Sin embargo, para algunos de sus compañeros el hecho de que hubiera desfibriladores no solucionaría el problema, pues «hay que saber utilizarlos y no se pueden dejar en manos de cualquiera» . Se muestran escépticos con la posibilidad de que en una época de crisis en la que no se invierte en la Administración de Justicia se vaya a asumir el coste de cursos de prevención de riesgos laborales «cuando no hay dinero ni para fotocopias» . Por eso, desconfían de la utilidad del acuerdo adoptado ayer por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces acordó ayer «dirigirse a la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid para que lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, la implantación de las medidas necesarias en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en los edificios judiciales de la Comunidad de Madrid».

Por lo pronto, ante las quejas recibidas, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, acordó ayer «dirigirse a la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, a fin de que lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, la implantación de las medidas necesarias en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en los edificios judiciales de la comunidad de madrid».