Toxo avaló ante un notario la creación de la asociación para el cobro de ERE

Un lustro antes de desembarcar en la Secretaría General de CC.OO., Fernández Toxo tomó parte en la operación en su etapa como secretario general de la Federación Minerometalúrgica del sindicato a nivel estatal, que era uno de los miembros fundadores de la entidad. La comisión ejecutiva de la federación se reunió el 2 de junio de 2003 para acordar por unanimidad participar en la constitución de la asociación, amparándose en el protocolo de colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y las Organizaciones Sindicales, UGT Andalucía y CC.OO. Andalucía suscrito el 29 de abril de 2003.

El acuerdo de la comisión ejecutiva se elevó tres semanas después a escritura pública por parte del secretario que redactó el acta de la reunión, Agustín Pérez del Castillo. Tras aportarle este documento, el notario dio fe del acuerdo, «según resulta de la certificación expedida por el señor compareciente como secretario de Actas de la Federación, con el visto bueno de Don José Ignacio Fernández Toxo como secretario general, las firmas de los cuales considero legítimas». El fedatario hace constar en la escritura, a la que ha tenido acceso ABC, la «voluntad» de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de «participar en la promoción y constitución de una asociación destinada a la gestión de las medidas sociolaborales derivadas por el cierre de la minería metálica de la provincia de Huelva». El sindicato designa a dos representantes en la entidad de prejubilados, entre los que se halla Rafael Varea, secretario de la Minería. Este sindicalista y Daniel Soto, de UGT, acordaron con el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero nombrar al dueño de Uniter, José González Mata (imputado en el caso) como mediador en la operación.

La sede de la asociación se estableció en el domicilio social del bufete sevillano de abogados que se encargó de tramitar las pólizas de prejubilación, Estudios Jurídicos Villasís. Es el mismo despacho que fichó al «conseguidor» de ayudas Juan Lanzas, calificado por la juez como el «amigo de la Administración» autonómica y en prisión provisional desde el 22 de marzo por cinco nuevos delitos dentro de las pesquisas por el supuesto cobro de sobrecomisiones que llevan a cabo la Guardia Civil y la juez que investiga el fraude de los ERE, Mercedes Alaya.

Los ERE de las empresas de la Faja Pirítica constituyeron uno de los mayores focos de ilegalidad. De los 796 prejubilados que se acogieron a ayudas, 44 no habían pisado nunca una mina.

Desde UGT y CC.OO. de Andalucía aclararon ayer a través de sendos comunicados que no recibieron «ningún tipo pago de esta asociación» para uso propio, de sus miembros o fundadores. Argumentan que el principal objeto de esta asociación era canalizar las ayudas que las Administraciones autonómica (102,23 millones) y central (36 millones) otorgaron a los trabajadores de la Faja Pirítica mediante «un procedimiento consistente en recibir dichas ayudas nominales y abonarlas automáticamente a los trabajadores».

Los sindicatos no niegan, porque así consta en el acta fundacional reproducida por ABC, que Pastrana y Carbonero ocuparan los cargos de presidente y vicepresidente, entre cuyas funciones, como miembros de la junta directiva, estaban cobrar las ayudas y designar a «gestores profesionales» para «administrar» las pólizas. Pero se desmarcan de la inclusión de intrusos o la elección de un intermediario y puntualizan que otorgaron poderes a otros miembros estatales de los sindicatos para llevar la gestión del colectivo.