La trama de los ERE es una organización criminal, según la Guardia Civil

Estos nuevos delitos ya han motivado el ingreso por segunda vez en prisión del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la previsión es que en las próximas horas la nómina de autos de prisión aumente, dado que los investigadores acusan de blanqueo y organización criminal a la mayoría de los nuevos detenidos e imputados. El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, explicó a ABC que su cliente fue enviado a prisión preventiva por «la posibilidad de influir sobre otras personas investigadas».

En el último tramo de la investigación, declarada secreta el pasado noviembre, se ha logrado, por una parte, reconstruir el flujo de dinero que seguían parte de los fondos procedentes de la Junta andaluza y, por otra, determinar que los implicados en la trama de los ERE forman parte de una organización criminal; es decir, que actuaron de forma concertada para desviar fondos públicos.

El volumen desviado supera ya los 50 millones de euros, pero los investigadores están convencidos de que cuando se analice la documentación esa cantidad aumentará.

La incorporación de estos nuevos nuevos delitos que se suman a los que ya figuraban en el sumario (cohecho, malversación de fondos públicos, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, entre otros) suponen un salto cualitativo. La razón es que han permitido identificar a los beneficiarios y responsables de los hechos, así como fijar las motivaciones que favorecieron que este sistema fraudulento se mantuviera en el tiempo.

El circuito del dinero reconstruido es el siguiente: desde la Junta andaluza se libraban fondos para la reestructuración de plantillas de empresas; ese dinero llegaba a las aseguradoras y a continuación a las mediadoras donde las sobrecomisiones se disparaban (más de 50 millones).

A continuación se daba salida a esas cantidades a través de dos procedimientos fundamentalmente: facturas falsas, como algunas de las emitidas a favor de Mercasevilla por ejemplo para partidas de pintura, o a través de entramados de sociedades instrumentales. ¿Quiénes eran los beneficiarios últimos? Guerrero y el resto de imputados de la cabeza de la trama hacían sus negocios, pero el organigrama se ramifica en cuatro patas: los responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter; el sindicalista Juan Lanzas, conseguidor, y el Estudio Jurídico Villasís, que según los investigadores trabajaba indistintamente para unos y otros.

Todos se han repartido el dinero desviado, según las investigaciones, pero ese procedimiento no habría sido posible sin el conocimiento y consentimiento de los consejeros del Gobierno andaluz, aunque hasta ahora solo se haya podido acreditar parte de esa responsabilidad.

En los registros (13), además de material informático, se encontró dinero en efectivo, en concreto 82.000 euros en la casa de Juan Lanzas en Albanchez de Mágina (Jaén), pero los investigadores tienen constancia de que se han producido numerosos pagos de dinero en metálico.

La trama de los ERE llegó ayer a los pasillos del Congreso. Allí el portavoz adjunto del Grupo Popular y diputado por Almería, Rafael Hernando, pidió al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que deje de «huir» de las responsabilidades políticas porque, a su juicio, éstas están ya «en la puerta de su despacho», de ahí que le instara a «contar la verdad».

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, socio de Gobierno de Griñán, aseguró, por su parte, que Izquierda Unida se replantearía el pacto con el PSOE si la justicia «va más allá» de lo que concluyó la comisión de investigación sobre los ERE. Tras estas declaraciones, el coordinador general de IU, Cayo Lara, dejó la decisión en manos de sus compañeros en Andalucía aunque cree que el pacto no está en riesgo.