Ciudadanos «indignados» fundan el Partido X en internet

Entre sus principales propuestas, presentadas a través de varios vídeos colgados en Internet por medio de dos portavoces anónimos , están establecer el derecho a voto real y permanente, referéndums, un 'Wikigobierno' con «legislaciones elaboradas a la vista de todos y con las aportaciones de los que saben de cada tema» y transparencia, al estilo de lo que ocurre en Porto Alegre (Brasil) e Islandia, han asegurado.

«Recorta los intermediarios y haz operativa la democracia para decidir», afirman los portavoces apuntando que la ideología del nuevo partido surgido de ciudadanos organizados a través de Internet es «la lógica» y su programa «la democracia y punto».

Detrás del Partido X habría en torno a unas 90 personas, según apuntan medios locales, aunque en sus primeras horas de vida pública el proyecto ha conseguido cerca de 10.000 seguidores en Twitter y unos 4.000 en Facebook .

Entre sus objetivos está el de sustituir a la elite política actual por «empleados públicos electos que ni pinchan ni cortan, recopilan y ejecutan de la forma más eficaz posible las propuestas de los prioridades expresadas por la población».

En su vídeo de presentación, la formación se desvincula del movimiento ciudadano 15-M surgido en varias ciudades españolas en la antesala de las elecciones municipales de mayo de 2011 para pedir cambios en el sistema político vigente.

«El 15-M no quiere ser un partido. Ni quiere ni puede ser un representado porque es muchas cosas diferentes es más grande y más variado que cualquier partido. (...) El Partido del Futuro es un método del futuro aplicado al presente para resetear el espacio electoral (...) una operación de desalojo del hemiciclo», han explicado los portavoces de la formación.

El movimiento 15-M - que tuvo uno de sus epicentros en la Puerta del Sol de Madrid - se reavivó en la segunda mitad de 2012 por medio de nuevas plataformas ciudadanas, que salieron a la calle para protestar contra los importantes recortes en el gasto social impuestos por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy para cumplir con los objetivos financieros impuestos por la Unión Europea.