Más de dos toneladas de droga, robada en depósitos oficiales de Andalucía

Hace menos de un mes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dictó una instrucción para que los fiscales pidieran en todos los casos la destrucción de la droga incautada en todos los procedimientos judiciales, salvo las muestras necesarias para posteriores investigaciones o comprobaciones.

La instrucción llegaba tras el acuerdo del pasado octubre entre la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, los Ministerios del Interior y Justicia y otras instituciones para establecer un protocolo en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas y estupefacientes, una vez que se produjo el robo de casi 400 kilos de cocaína y hachís en un depósito judicial de Cádiz.

La finalidad de esta medida es impedir que se almacenen todas las cantidades de drogas aprehendidas, tanto estupefacientes como psicotrópicas, y, al mismo tiempo, evitar que haya robos de estas sustancias.

«El almacenamiento y custodia de dichas sustancias y productos genera situaciones de peligro», reconoce en la instrucción Torres-Dulce, al tiempo que recuerda que «el alto valor económico en el mercado ilegal de la generalidad de los estupefacientes y psicotrópicos exige especiales medidas de vigilancia en estos depósitos».

Y además la existencia de estos almacenamientos «masivos y prolongados en el tiempo» comportan elevados costes para la Administración, «sin que en la mayoría de los casos implique beneficio o utilidad alguna».

El propio acuerdo interministerial admitía que la situación actual es «especialmente preocupante en cuanto al almacenamiento de sustancias intervenidas, ya que en muchos casos la acumulación sobrepasa la capacidad de los depósitos previstos y el desbordamiento obliga a que una parte de los alijos sean custodiados en lugares inapropiados».

El acuerdo entró en teoría en vigor a principios de octubre, aunque en el último punto disponía una situación transitoria para dar respuesta a toda la droga almacenada en la actualidad y pendiente de destrucción. Será la comisión mixta creada la que reciba el listado con todas las drogas depositadas que están a disposición de los órganos judiciales. Una vez que se reciba, el CGPJ hará las gestiones con las Salas de Gobierno o decanatos para que los órganos correspondietnes se pronuncien en dos meses sobre la destrucción de los alijos. A la vista del último robo, las caletas oficiales de droga aún continúan.