Las universidades deberán vigilar que los becarios no exceden el límite de horas de prácticas en la empresa

Como ya avanzó ABC, desde el primer intercambio de propuestas entre el gabinete dirigido por Yolanda Díaz y los agentes sociales, la intención del Ministerio de Trabajo es eliminar completamente la oferta de prácticas extracurriculares en las empresas. El Ejecutivo busca así diferenciar claramente el rol de los alumnos que acuden al centro de trabajo. Y quiere que en ningún caso estos cubran las labores de un trabajador sino que quede patente el carácter formativo de la presencia del alumno en la empresa en la que realiza prácticas.

Concretamente, tal y como recoge el último documento trasladado por el Gobierno a la mesa de negociación, el planteamiento es la eliminación de las prácticas extracurriculares en un plazo de tres años. Esta versión es parecida a anteriores borradores pero introduce laxitud en el periodo transitorio hasta la eliminación total de las prácticas voluntarias.

La última propuesta, a la cual ha tenido acceso este medio, establece que las prácticas extracurriculares podrán aplicarse durante un periodo de tres años desde la entrada en vigor de la norma «siempre que cumplan los requisitos establecidos» y «solo hasta un máximo de 36 créditos por curso académico. Como norma general, esto se traduce un máximo de 900 horas.

En el anterior borrador de la medida, el Gobierno diferenciaba entre las formaciones que ofrecían solo prácticas extracurriculares y las que ofrecen las dos, también las curriculares asociadas al plan de estudio del grado universitario o de formación profesional. Y se establecía el plazo para eliminar las prácticas voluntarias de tres años si son las únicas que se ofertan y de un solo año si la oferta incluye además a las curriculares.

Entre las modificaciones que el Gobierno ha introducido sobre la disposición transitoria segunda de la propuesta, en la que se fija este límite de horas para las prácticas voluntarias, el Ejecutivo también le encomienda una labor de vigilancia a las propias universidades.

«Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, antes de la finalización del periodo transitorio indicado, el Ministerio de Universidades efectuará una evaluación con el objeto de determinar el cumplimiento de lo previsto en esta disposición, que deberá ser trasladada a la Comisión de Seguimiento de la Formación Práctica en el ámbito de la empresa (...) para su conocimiento y análisis», señala el último borrador al cual ha accedido ABC.

Esta parte del Estatuto del Becario es la más espinosa. No convence ni a las empresas ni a la comunidad educativa, siempre que existen centros de formación superior o específica, como los máster o posgrados, donde la posibilidad de las prácticas extracurriculares supone una parte fundamental del programa. Fuentes empresariales señalan que precisamente estas prácticas voluntarias cubren en muchas ocasiones puestos de formación que quedan vacantes a través de la oferta curricular.

Con todo, el Ministerio de Trabajo está encontrado dificultades para sacar adelante el nuevo marco de protección para los becarios, que según apuntan los sindicatos UGT y CC.OO. superan los 800.000 en activo en nuestro país. Ni la CEOE ni los centros universitarios ven óptimos los nuevos términos que reglarán la formación en las empresas. Y estando casi descartado el apoyo de la patronal, la vicepresidenta Díaz trabaja ya en labrar los apoyos necesarios para que el real decreto que incluya el Estatuto de Becario sea convalidado en el Congreso de los Diputados.