«No se trata de repartir dinero entre los ciudadanos, sino de hacer que los precios suban menos»

—El debate de moda es sanidad pública vs sanidad privada.

—Es un planteamiento ideológico. Se defiende una idea de la sanidad pública no solo en el sentido de que tiene que ser universal sino de que su gestión debe ser solo pública, y eso lleva a unos costes mucho más altos. Lo que queremos los ciudadanos es un servicio de calidad y que sea sostenible en el tiempo, y eso solo se conseguirá con colaboración público-privada.

—¿El modelo estrictamente público no es sostenible a medio plazo?

—No hay que gastar menos en sanidad pero hay que gastar bien porque la población está envejeciendo y vamos a necesitar más servicios y más recursos para atenderla. Si la sanidad no se gestiona de forma eficiente esos recursos que vamos a necesitar en el futuro no los vamos a tener y la evidencia demuestra que los territorios con más colaboración público-privada ofrecen servicios de igual calidad o mayor con menor coste para los ciudadanos.

—Dice esto en un contexto en que la intervención pública está de moda.

—Observamos una corriente intervencionista, pero se materializa de forma desigual según el país. En España hay un componente ideológico que implica que lo bueno es lo público y lo malo, lo privado. Eso no pasa en Alemania.

—¿Atribuye a esa frontera ideológica los ataques a empresarios?

—Los ataques personales a empresarios son muy injustos. Ante su falta de capacidad para controlar la inflación y gestionar una situación compleja, el Gobierno se dedica a buscar enemigos y los encuentra siempre en los empresarios, que son los que generan empleo y riqueza. Lo que más me preocupa es que trasladan una imagen equivocada de la actuación de las empresas.

—¿A qué se refiere exactamente?

—Se dice que las empresas están aumentando sus beneficios con la inflación y eso es falso. Están sufriendo un incremento sustancial de sus costes por la energía y el encarecimiento de las materias primas que no se está repercutiendo en los precios finales. Las empresas están amortiguando el efecto inflacionista. Mientras tanto, el Gobierno continúa aumentando la recaudación y utiliza al empresario como un enemigo para distraer la atención. No es el empresario el que se está beneficiando de esta situación.

—¿Cómo valora las políticas aplicadas por el Gobierno en esta crisis?

—Las medidas para luchar contra la inflación han sido desafortunadas. Los recursos que se han destinado a subvencionar el precio del combustible a todos los ciudadanos habría que haberlos concentrado en la protección de los más vulnerables y en favorecer la reducción de los precios en el transporte. No hacerlo ha incrementado el precio de venta de productos de primera necesidad. No se trata de repartir dinero entre los ciudadanos sino de tomar medidas que contribuyan de verdad a que los precios suban menos.

—¿Y no se ha conseguido?

—No. Han contribuido a elevar la inflación porque no se han dirigido a los objetivos más eficientes.

—¿Qué debería hacer el Gobierno?

—El BCE está haciendo lo que tiene que hacer, que es tratar de controlar la inflación retirando la enorme cantidad de liquidez que ha inyectado en el sistema financiero y elevando los tipos de interés. El sector público, que ha sido el primer receptor de esa ayuda financiera, debería reducir su gasto como medida de política económica para bajar la inflación pero, en lugar de eso, el Gobierno sigue gastando como si no fuera a haber un mañana.

—Ustedes aseguran que hay un gran margen para reducir el gasto.

—Hemos hecho un informe que identifica ineficiencias cuya eliminación permitiría ahorrar 30.000 millones de euros a las administraciones públicas. No hablamos de recortar servicios, hablamos de gastos políticos, de estructuras ineficientes y de ahorros que ya ha detectado la Airef. Se trata de administrar mejor y no gastar sin medida y sin control, sin preocuparse por la eficiencia, y cuando ya no puedo cubrir mis necesidades de gasto (o derroche) lanzarme a subir impuestos.

—Pues aumentar la recaudación parece ser la respuesta del Gobierno.

—Se aprueban nuevos impuestos que darán recaudación los próximos dos años y probablemente financiarán gastos ineficientes, sin reparar en que perjudican a la inversión. Si impedimos el ahorro donde se produzca estamos impidiendo que se invierta en el país. Nosotros vemos que se está invirtiendo mucho menos en España.

—Están los fondos europeos.

—Es evidente que se están gestionando mal. Apenas se han asignado el 52% de los fondos, que en la mayoría de los casos han pasado de una cuenta a otra del Estado y de ahí a una de una comunidad autónoma. Somos la única economía europea que no ha recuperado su nivel de PIB anterior a la pandemia y en parte es por la ineficiente ejecución de los fondos.

—¿Nos salva la creación de empleo?

—El Gobierno vive feliz porque se firman más contratos, pero desde el segundo trimestre del año pasado las horas trabajadas no dejan de bajar. La reforma laboral ha ido contra lo que necesita el mercado. Es momento de afrontar una reforma laboral valiente que recupere los niveles de empleo que necesita España. Los países con una indemnización por despido más baja tienen menos temporalidad. Es un tabú que habrá que afrontar.