El 40% de los sueldos altos afectados por el alza de cotizaciones son públicos

Tres meses después de la publicación en el BOE de las subidas de cuotas con especial impacto en los sueldos por encima de la base máxima de cotización, se puede deducir de los arduos análisis -por la ausencia de una memoria económica que transparente su impacto sobre las finanzas públicas- realizados por expertos y organismos oficiales como Airef y Banco de España, que los ingresos extra que se recaudarán no serán suficientes para cubrir el aumento de gastos previsible.

Por lo que se asume que las medidas ensancharán el déficit entre cotizaciones recaudadas y prestaciones abonadas, y que serán necesarios mayores esfuerzos para sanear las cuentas del sistema. Muy probablemente, a partir de una subida extra de cotizaciones mediante el mecanismo de equidad intergeneracional -este recae sobre todos los trabajadores en alta- a partir de 2025, cuando la Autoridad Fiscal realizará el balance de los efectos de la nueva normativa.

Sin embargo, no sólo a partir de las cifras más gruesas se colige que este punto podría estar cargado con pólvora mojada. Una parte importante de los insuficientes ingresos que se conseguirán de las mayores cotizaciones de los sueldos más altos se conseguirán a costa del Estado. Las previsiones distribuidas por el Gobierno apuntan a un alza de ingresos del 1,1% del PIB en una década y del 1,4% para mitad de siglo -cuando finalice el despliegue de la reforma-. De ese extra de recaudación algo más de seis décimas corresponderán al destope de la bases máximas y a la cuota de solidaridad, es decir, vendrán de los salarios situados por encima de la base máxima.

Estas dos medidas recaen sobre los sueldos por encima de los 54.000 euros y alcanzarán a 1.661.000 ocupados, según las estadísticas del INE. Lo que ocurre es que el 38,7% de esos sueldos, con una percepción media de 61.100 euros anuales, se corresponde con nóminas pagadas por diferentes estratos del sector público -Administración del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas-. Es decir, 642.000 sueldos públicos superan actualmente esa base máxima, por lo que la subida de cotizaciones sobre estas nóminas -tanto el destope como la cuota de solidaridad- correrá a cargo de alguno de los diferentes niveles de la Administración y por tanto se cargará a la cuenta de gastos de personal del presupuesto público.

Según los datos proporcionados por la Seguridad Social, el objetivo de estas medidas era recaudar unos 8.500 millones de euros y casi el 40%, unos 3.400 millones, los pagará la Administración.

El erario público también tendrá que asumir la parte que le corresponde en los ingresos previstos por el flanco del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que desde este año se aplica sobre las cuotas sociales de los 20,7 millones de afiliados que había al cierre de mayo, de los que 3,5 millones están a sueldo del sector público. La estadística apunta a que el 17% de estas cotizaciones extra también serán asumidas por el Estado, pero el porcentaje será algo superior, ya que la retribución media del sector público se sitúa sensiblemente por encima de la del sector privado en términos generales.

Por la vía del mecanismo de equidad la Seguridad Social espera sumar unos 0,5 puntos del PIB a su recaudación de aquí a 2050. Este recargo sobre el conjunto de las nóminas supondría unos ingresos extra para el sistema de 7.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta, eso sí, que estas cuotas no irán a parar a las arcas de la Seguridad Social sino que se destinarán a reflotar el Fondo de Reserva -como se denomina a la 'hucha' de las pensiones-. Casi dos de cada diez euros recaerían también sobre el erario público por corresponder a los más de tres millones de empleados con nómina del Estado.

Partiendo de esta base estadística, el Estado acabaría sufragando unos 3.400 millones de euros anuales por la subida de cuotas a las rentas altas, mientras que costearía unos 1.200 millones del mecanismo de equidad aplicado a los sueldos del sector público. Estas cuotas de nuevo cuño estarían aportando en plenitud, allá por el año 2050, unos 15.400 millones de euros (1,1 puntos del PIB), de los cuales 4.600 millones (el 30% del total) sería asumida desde los diferentes niveles de la administración pública.

El fuerte incremento de las cotizaciones sociales hasta por tres vías diferentes al que José Luis Escrivá ha fiado la estabilización financiera del sistema público de pensiones acarreará otro efecto singular que tendrá costes para las arcas del Estado o, mejor dicho, provocará una transferencia de renta desde las cuentas del Estado a las de la Seguridad Social.

La normativa del Impuesto sobre la Renta reconoce como renta exenta las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores en sus nóminas, de modo que estas se deben detraer a la hora de calcular la base imponible en la Declaración de la Renta. El incremento de las cotizaciones sociales planeado por Escrivá provocará que la cuantía de las rentas exentas de los contribuyentes se incremente y, como consecuencia de ello, que la cantidad que abonan en concepto de IRPF se reduzca.

«Alrededor de la mitad de los ingresos extra que la Seguridad Social obtenga por el incremento de las cotizaciones sociales a las rentas más altas se convertirán en menos ingresos para la Agencia Tributaria por las mayores desgravaciones que provocarán en la Declaración de la Renta», aseguran fuentes del ámbito de la asesoría fiscal. «El fenómeno se producirá en todos los tramos de renta, pero será más relevante en las rentas altas».

Y precisamente son las rentas altas a las que la reforma de las pensiones pretende exigir un mayor esfuerzo, por lo que el coste para las arcas del Estado será relevante. Entre el sobrecoste que tendrá que asumir la Administración por la subida de las cuotas de los trabajadores públicos y las mayores deducciones en el IRPF que se derivarán de ese mismo fenómeno, los ingresos netos para el sector público de la fuerte subida de cotizaciones del Gobierno serán más reducidos.